El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, admitió ayer que la manera en que se manejó el conflicto con la constructora Astaldi S.p.A. cuando ésta abandonó las obras de El Chaparral, no fue la adecuada y que la autónoma no tenía el control total.
“La forma como se administró esta parte en esa época para mí no fue como la adecuada pero así sucedió” mientras se buscaba opinión en expertos sobre ese punto, afirmó el funcionario en una entrevista en la radio 102 Nueve.
La CEL pagó $108.5 millones a la constructora italiana en el gobierno Funes, reconociéndole casi un 50% de avance de la obra, cuando el avance real que registraron los supervisores externos y los mismos de la CEL apenas llegaba a 29.28 %, según plasmaron auditores de la Corte de Cuentas en su informe preliminar.
El “arreglo directo”, que fue defendido en su momento por el expresidente Funes, llegó luego de que la Astaldi abandonara los trabajos alegando “imprevistos imprevisibles”, situación que los supervisores tampoco le aceptaron porque según dijeron las conocía anticipadamente desde que licitó el contrato.
Ante esos antecedentes, los auditores de la Corte realizaron un examen a la ejecución de ese contrato, desaprobaron la forma en que se llegó al arreglo directo y el monto que se le pagó a la Astaldi, pues según concluyeron, no correspondía al avance de la obra.
Cuando se le pregunta cuál debía ser la forma más adecuada de arreglar el problema, López Villafuerte responde que “la atención directa”, y que en la época en que se dio el conflicto (2010), la CEL no tenía todo el control de la situación.
“Cuando uno está administrando un contrato, pero como ya la CEL había caído en una forma de solo administrar y no tener el control total como lo queremos tener ahora”, dijo el funcionario.
En ese sentido, dijo, es necesario contar con un equipo integrado que esté “encima” para atender “cualquier cosa que sea vulnerable”.
De esa manera, ahondó, “uno tiene control total de la obra”.
Pese a estos señalamientos, López Villafuerte sostuvo que en todo el proceso que siguió la administración de Leopoldo Samour, su antecesor, no hubo irregularidad.
El funcionario dijo que había un informe final de la auditoría que realizó la Corte de Cuentas al contrato, que fue emitido en junio pasado, pero nadie lo ha mostrado y la contraloría ha alegado que lo tiene en “reserva”.
López restó importancia al informe preliminar en el que se le hacen serios señalamientos al “arreglo directo”.
“No hay ninguna irregularidad”, afirmó y aseguró que para hacer el arreglo con Astaldi se hizo cuatro consultas a la Corte de Cuentas y se basaron en la ley LACAP que permite esa conciliación.
Sobre si fue justo el pago de $108.5 millones a Astaldi por una obra con bajo avance, López Villafuerte dijo que sí le “parece adecuado y pudo haber sido mayor o menor dependiendo de las circunstancias en ese momento”.