La relación entre comunicación y violencia, particularmente el tratamiento informativo sobre la inseguridad y la criminalidad en el país no es nuevo, entre otras cosas, porque el fenómeno no solo es permanente sino también ha crecido no obstante las acciones y decisiones ejecutadas por los diferentes gobiernos que han puesto la cuestión como una prioridad.
Aún recuerdo el debate público sobre el tema con el entonces magistrado presidente Domingo Méndez, o la discusión con el entonces director de la PNC, Mauricio Sandoval, en torno a la llamada “violencia social y la violencia criminal”, o las quejas permanentes con el entonces director de la PNC, Rodrigo Ávila, sobre cómo se cubría el activismo policial al “estilo Rambo” de la época o las declaraciones y acciones de “mano dura” o “súper mano dura” o de la “mano extendida”, en torno al combate de las pandillas, durante las administraciones de los expresidentes Francisco Flores o Antonio Saca.
En los gobiernos del llamado “cambio”, del FMLN, tanto con el expresidente Funes y su malograda “tregua” o con el actual, de Sánchez Cerén, en el que se han disparado como nunca las cifras de la criminalidad, se cree que los medios de comunicación y los periodistas se ensañan contra estas últimas gestiones porque son de izquierda, como si en el pasado, durante los gobiernos de ARENA, no fueron críticos, muy críticos.
Pero eso no es más que una variante de la problemática central, el punto no es ese; la cuestión de fondo es preguntarse por qué hay tanta violencia y cómo hacer para enfrentar la delincuencia y, en particular, cómo detener la ola de homicidios, extorsiones y robos; qué hacer para que los salvadoreños, la mayoría trabajadora y decente, pueda circular, laborar, estudiar o descansar sin temer ser blanco de los criminales, de las maras. Aún más, cuál es el camino para que El Salvador resuelva los problemas de violencia y pueda dedicarse a solventar aquellos relacionados con la pobreza y la exclusión social y lograr subirse al tren del crecimiento y el desarrollo.
Dicho de otra manera, y este es el primer punto que se debe plantear con claridad: la cobertura informativa sobre la violencia es un tema que nace no de la “voluntad de los periodistas y de la prensa” que, supuestamente, se “ponen de acuerdo” para atacar o defender a un gobierno, a un ministro de Seguridad o a un Director de la PNC, ¡no! surge de la cruda realidad.
Por más que quisiéramos que la realidad fuese distinta, que viviéramos en tranquilidad y seguridad, lo fáctico de la violencia y criminalidad se impone y se convierte en materia prima de la agenda informativa, no hay vuelta de hoja. Sería estar fuera de foco, faltar a la ética y al profesionalismo si la prensa, por ejemplo, no informase que las maras han aumentado el número de homicidios y extorsiones, que han crecido no solo en territorialidad y poder de fuego contra la autoridad.
Ahora bien, de inmediato surge una segunda cuestión, que también se debe plantear con claridad: ¿Cómo cubrir esta vorágine de violencia? ¿Muerto por muerto, poniendo sin escrúpulos los cadáveres en las primeras planas, o simplemente transcribiendo las declaraciones de la autoridad local que “los muertos, en su mayoría, son pandilleros?
Aquí hay dos puntos que también requieren ser planteados con claridad: uno, el deber propio de los periodistas y los medios para informar con profesionalismo, siguiendo las reglas de la ética, para informar a fondo, de manera objetiva y completa, los hechos. Pero hay otra arista, la segunda y esta es la forma en que la autoridad, sea esta policial, judicial o civil, no solo enfrenta la delincuencia, a través de estrategias claras y definidas a mediano y largo plazo, sino también cómo informa de ello. Sobre el particular, tanto el actual gobierno como los anteriores, han carecido de una visión exacta de cómo hacerlo. Basta dar un par de ejemplos de esto: no se sabe con certeza quiénes son los que están muriendo en la actualidad, mucho menos quiénes son los responsables de estos crímenes, es más, con aparente frivolidad, los jefes policiales señalan las causas de un atentado o un asesinato sin tener los datos suficientes, mucho menos luego de una concienzuda investigación, con elementos probatorios. Esto explica el porqué, luego de un atentado criminal, se capturen decenas de sospechosos, sin ton ni son, para que a los pocos días sean liberados por “falta de pruebas” o que el juzgamiento y condena de los criminales sea cifra que no supera un dígito.
Dicho en pocas palabras, dada la actual situación de violencia, los periodistas y la prensa debemos ser mucho más exigentes y pedir con fuerza, mayor eficiencia en la investigación, datos más fiables sobre la delincuencia. No podemos simplemente quedarnos a consignar, como se dice, “solo al muerto”.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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