Al menos seis personas han presentado denuncias por despidos injustificados ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del ministro de Economía, Tharsis Salomón López, con miras a ser restituidos en sus cargos.
Cuatro de los despidos se dieron el 27 de marzo de este año contra empleados que estaban bajo el régimen de contrato; mientras que los otros dos casos se tratan de jefaturas que se encontraban incluidos en el régimen de Ley de Salarios.
Todos los afectados alegan que no se les dio oportunidad de defensa ni de ser escuchados antes de que se les informara que eran cesados. Además, los demandantes consideran que su derecho al trabajo, consagrado en el Artículo 219, inciso 2, de la Constitución de la República, así como en el Artículo 24 de la Carta Internacional de Garantías Sociales, ha sido vulnerado.
Entre los afectados por la decisión del titular de Economía hay una persona quien hasta el 18 de marzo pasado fungió como Gerente de asuntos jurídicos del Ministerio, Daniel Ríos, bajo el régimen de Ley de Salarios.
Ríos fue despedido a partir de un informe elaborado por la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría (OFCIA), creada por la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno, el cual no fue dado a conocer a Ríos para saber de qué se le acusaba al separarlo del cargo, de acuerdo con una publicación del periódico digital El Faro.
Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia, negó ayer lo que plantea El Faro.
Pero según plantea Ríos en el amparo presentado, su despido “constituye una medida ilegal y arbitraria por cuanto constituye una sanción de hecho sin que se le hubiera dado la oportunidad de ser oído y vencido previamente”.
Otro de los casos como el de Ríos es el de la Gerente de comunicaciones del Ministerio, quien se desempeñó en el cargo desde octubre de 2012 hasta el 16 de enero de 2015, cuando fue despedida bajo un acuerdo del ministro de Economía.
Para la exgerente de comunicaciones la medida es arbitraria e ilegal, pues estaba bajo ley de salarios y su puesto no representaba un cargo de confianza. “La calificación de un puesto como de confianza no puede supeditarse únicamente a su denominación –jefes, gerentes, administradores o directores, entre otros- y tampoco efectuarse de manera automática”, señala el escrito presentado a la Sala por la demandante.
Junto con los demás despedidos está otra exempleada que laboraba desde abril de 2011 hasta abril de 2012, bajo la modalidad de consultora para la “Terminación de Procesos de empresas mineras y canteras”.
Luego le renovaron su contrato a partir de enero de 2013, bajo el cargo de “Servicios Jurídicos para terminación de procesos de canteras”, pero bajo la figura de Servicios Profesionales y con la supervisión de la gerencia de asuntos jurídicos que tenía a su cargo Ríos;sin embargo, fue cesada el 27 de marzo.
“Cabe señalar que, desde esa fecha, he desempeñado mi cargo con eficiencia y responsabilidad con las funciones establecidas en los contratos respectivos, así como en las demás que el Gerente de Asuntos Jurídicos tuvo a bien asignarme”, argumentó.
En el mismo sentido ha sido presentada otra demanda por parte de quien fuera la encargada de “Servicios de Apoyo en la atención al Despacho de Asesores y a la Dirección de Administración y Finanzas”, bajo la modalidad de contrato.
Esta persona tenía una plaza subordinada al Jefe de asesores del Despacho Ministerial del Ministerio. Fue contratada en febrero de 2012 y despedida también el 27 de marzo.
Según alega la demandante, el Ministerio la contrató bajo la modalidad de consultora, lo que considera “fraudulento”, porque las actividades que realizaba eran permanentes y ordinarias de la institución, por lo que el Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Economía (SITME) solicitó que dichos empleados fueran acogidos bajo el régimen de contrato.
El mismo caso de despido sufrió la Jefa de la Unidad de Género del Ministerio de Economía, contratada bajo la modalidad de consultora para “Diseño de Estrategia en la Creación de la Unidad de Género en el Ministerio de Economía”, desde el 24 de febrero de 2014 hasta marzo de este año.
La persona despedida se queja de que su contrato no fue renovado, pese a que realizaba sus funciones adecuadamente y conforme a las exigencias que requería su cargo.
Según explicó la profesional, en diciembre de 2014 recibió una carta del ministro de Economía en la que le señalaba que seguirían requiriendo de sus servicios durante 2015.
PDDH pidió informe a Ministro de Economía
Ante el sexto caso de despido injustificado contra otra empleada del ministerio de Economía se pronunció incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Se trata de una plaza para brindar servicios de “Soporte Técnico Administrativo a la Gerencia de Fomento Productivo Territorial”. También fue despedida el 27 de marzo.
La PDDH emitió una resolución en la que le solicita al ministro de Economía un informe sobre los hechos que llevaron a no renovar el contrato de la afectada.
La institución pide, además, que el funcionario explique “si se siguió el procedimiento para ello, sus resultados y si previo al despido, la referida licenciada fue indemnizada,así como cualquier otra información que consideren pertinente hacer del conocimiento de esta institución”.
En vista de que la demandante ha señalado en su denuncia que no se le dio derecho de audiencia y defensa, la PDDH pide al funcionario verificar si la decisión de no renovarle el cargo fue legal, “a efecto de subsanar cualquier ilegalidad y asegurar a la trabajadora las garantías implícitas en el debido proceso administrativo y oportunidades reales de defensa”.
En marzo pasado, la Sala de lo Constitucional de la CSJ fijó una serie de criterios jurídicos y legales que deben tomar en cuenta los funcionarios públicos para determinar cuáles son los servidores a los que se le debe reconocer su derecho a la estabilidad laboral.
Según la Sala, los cargos que no son de confianza deben ser protegidos, además de seguir un proceso legal para que justifique los despidos.
“Las personas cuyos cargos sean técnicos y no requieran de la confianza del titular gozan de estabilidad en el cargo, los motivos para ser despedidos deben ser debatidos en los procesos establecidos en la ley”, señala la Sala, dirigiéndose además a los jueces que con competencia para conocer procesos de nulidad de despidos.
Economía no conoce demandas
El ministerio de Economía sostuvo ayer que no puede emitir un pronunciamiento por las demandas que presentaron los seis empleados despedidos, ya que no conoce dichos documentos. Ante la solicitud de El Diario de Hoy para obtener una versión del ministro de Economía, Tharsis Salomón López, el jefe de comunicaciones del Ministerio, Walter Hernández, dijo que el titular del ramo no puede emitir una opinión al respecto, ya que el despacho jurídico de esa institución aún no ha sido notificado de dichas demandas.