GINEBRA. Venezuela debe garantizar la autonomía e independencia de los jueces y fiscales y, específicamente, resolver la situación de la jueza María Lourdes Afiuni en un juicio justo, independiente e imparcial, solicitó ayer el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vela por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Hay “informes sobre las consecuencias negativas que habría tenido para algunos jueces adoptar, en el desempeño de sus funciones, decisiones desfavorables al Gobierno”, y cita el caso de la jueza Alfiuni.
La jueza fue detenida en diciembre de 2009 por poner en libertad a un empresario crítico con el régimen que ya había cumplido el máximo de prisión preventiva.
La magistrada fue acusada después de que el entonces gobernante Hugo Chávez (1999-2013) la llamara “bandida” y pidiera para ella la máxima pena de prisión.
Hasta ahora, su juicio no se ha realizado y sigue sometida a medidas restrictivas de libertad, situación que ha sido criticada en reiteradas ocasiones por múltiples órganos de la ONU.
Afiuni ha denunciado que durante el tiempo de reclusión fue violada y que fue objeto de otros abusos sexuales.