El argumento de que la Sala de lo Constitucional pone en aprietos al Gobierno para enfrentar la delincuencia no es válido porque éste tiene en los impuestos, el ahorro, las Letras del Tesoro (Letes) y otros préstamos ya aprobados como fuentes de donde sacar dinero para ese fin, dicen observadores y exfuncionarios.
Para el exministro de Hacienda, Manuel Enrique Hinds, el Gobierno no puede decir que no tiene dinero para la seguridad del país cuando tiene ingresos tributarios.
“¿Cómo no van a tener dinero con todos los impuestos que se pagan? Que dejen de comprar carros de lujo, que dejen de dar fiestas, de viajar por todo el mundo y van a tener dinero para la seguridad”, reclama Hinds.
Distintos funcionarios de gobierno, comenzando por el presidente Salvador Sánchez Cerén, han culpado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de admitir una demanda contra la aprobación de $900 millones en bonos en abril y haber detenido su colocación, y que ahora no contarán con el dinero para enfrentar la delincuencia. Hasta han advertido que por ello la criminalidad aumentará.
La Sala admitió la demanda contra la Asamblea Legislativa y estudiará si esta violó la Constitución para aprobar esos bonos. Mientras, ha suspendido la colocación de los mismos.
Pero para Hinds, no vale el argumento del Gobierno de que no cuenta con los fondos, y que aquí lo que hay es una mala administración de los fondos, y comparar al Gobierno con aquel que derrocha su salario en clubes y fiestas y después no tiene para comprar la comida.
El abogado y exministro de Seguridad, Francisco Bertrand Galindo, también cree que el Gobierno no puede quejarse contra la Sala de no contar con fondos para enfrentar la delincuencia. “El Gobierno tiene herramientas para cubrir momentáneamente esos fondos por otras vías”, dice, y menciona por ejemplo las Letras del Tesoro (Letes) que se han venido utilizando para cubrir temporales déficit de efectivo y como especie de financiamiento.
Pero el abogado no ve en falta de dinero el punto de la discusión. “No es tanto la necesidad de los fondos porque los pueden cubrir temporalmente como puedan. Lo que les duele es que de alguna manera el procedimiento constitucional exige que se negocie con su contraparte, en este caso ARENA, y creo que por allí andan los dolores”, dice.
Bertrand Galindo se basa en la urgencia con que se aprobó ese dictamen el pasado 23 de abril, justo en la última sesión plenaria de la legislatura anterior y cuando “ya se sabía que ARENA tendría el control del voto calificado para no negociar con ellos”.
Pero ahora se están viendo las consecuencias de aquella decisión, afirma. “Fue tan a la carrera, que hicieron cualquier cosa con tal de no tener que hablar con ARENA. Por eso me parece injusto que se le eche la culpa a la Sala de lo Constitucional porque ellos no tomaron ninguna de esas decisiones”, agrega.
Para Hinds, no fue la Sala de lo Constitucional la que detuvo lo de los $900 millones, sino la Asamblea Legislativa.
“Ellos (la Asamblea) hicieron que una de las personas que había votado en contra se fuera y llegara otra a votar por ella; votaron otra vez y y entonces pasó. Eso es inconstitucional. Entonces, la Asamblea, cuando votó irrespetando los procedimientos constitucionales, rechazó los 900 millones”, dice Hinds.
Explica que al haber perdido la primera votación, ese dictamen tuvo que haberse ido a Archivo por seis meses.
Bertrand Galindo dice que la clase política tiene que entender que independientemente de la urgencia de una iniciativa, los procesos legales deben de respetarse y que “esta es una gran lección para la institucionalidad del país”.
Pero desde el gobierno y el partido en el gobierno, no han cesado las voces en contra del freno que les impuso la Sala, y han insistido en que eso afecta la acción contra el crimen.
“No tendremos los recursos necesarios para combatir la seguridad. Se envía un mal mensaje y es como música para los oídos al crimen organizado”, advirtió hace unos días Roberto Lorenzana, secretario técnico de la Presidencia.
Elotro punto en cuestión en este caso, según Bertrand Galindo, es que nunca se dijo el destino del dinero de los bonos, y que es hasta hoy que se está diciendo que parte va para la lucha a la delincuencia. Por lo tanto, dice es necesario actuar con transparencia.
Cúmulo de préstamos
Los gobiernos del FMLN han conseguido sin obstáculos varios créditos para la seguridad y otros rubros por más de $6 mil millones a lo largo de 6 años. Entre los más recientes fueron tres préstamos por $92.2 millones que le aprobó el FMLN, GANA, PCN y PDC el pasado 10 de abril.
De ellos, 67.2 millones serían destinados al combate de la delincuencia.
En esa noche, al filo de las 11:00, ARENA justificó su falta de apoyo en que ya se le había dado suficientes fondos al Ejecutivo y no habían logrado combatir a la delincuencia.