En un día de pocas noticias, las autoridades de Salud, representadas por el viceministro Julio Robles Ticas, acompañado por directores de hospitales nacionales, se presentaron ante la prensa para, en nombre del gobierno, responsabilizar a la Sala de lo Constitucional por el desabastecimiento de medicinas en los hospitales, producto de la declaratoria de inconstitucionalidad del literal “k” del artículo 72 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que obliga a dicha cartera de Estado a realizar licitación pública para la compra de insumos y medicamentos.
Considero que la noticia no es esa, la noticia es que este gobierno con esta posición está demandando que se abra las puertas a la corrupción y a los negocios turbios al realizar las compras de medicamentos por contratación directa, ignorando la legislación vigente.
Me gustaría recordar que el espíritu del diputado al aprobar esta ley fue precisamente la búsqueda de la probidad, transparencia y rendición de cuentas en la gestión del Estado, unificando las normas reguladoras de las adquisiciones y contrataciones dentro de los principios de libre competencia y buscando que todos los procedimientos se realicen de forma clara, ágil y oportuna. La misma ley establece cuáles son los casos en los cuales se puede proceder a la contratación directa, específicamente cuando ocurre una emergencia como sismos, inundaciones o epidemias, entre otras y creo que el país, no vive ninguna de esas situaciones.
La verdad es que el único argumento que tienen, y deberían reconocerlo, es que necesitan ocultar su incompetencia en la gestión pública. Si se administra y planifica correctamente no debe haber mayores problemas para abastecer los centros asistenciales con medicamentos e insumos; y, la mejor muestra de ello es que aún con el mecanismo de contratación directa, los pacientes denuncian que no se les da el Glivec, no hay retrovirales, las cirugías se suspenden por falta de insumos, los quirófanos están en malas condiciones, entre otras necesidades no satisfechas.
Seamos claros, eso sería en el mejor de los casos, pero, sin ser alcanzativo, podríamos suponer que la urgencia porque se permita seguir comprando los medicamentos e insumos por contratación directa tiene otros intereses y va encaminada a beneficiar a algún grupo en particular.
Ya INQUIFAR ha expresado su preocupación, porque el gobierno ha ido reduciendo las compras de productos médicos en el mercado nacional hasta llegar al 19 %. Del lado del gobierno podrán aducir que hay un mejor precio u mejor calidad al medicamento extranjero, ambas razones se desmontan cuando los laboratorios nacionales venden su producto fuera de las fronteras patrias porque tienen mucho prestigio.
La Sala de lo Constitucional ha dejado en claro que cualquier argumento que se esgrima no es válido, y con su resolución lo único que pide es que se cumpla con los procedimientos y que el mecanismo de contratación directa siempre está vigente para poder adquirir medicamentos en los casos que ya están definidos en la ley.
Después de los 20 años de ARENA, la excusa más frecuente ahora es culpar a las resoluciones de la Sala por sus desatinadas políticas públicas; sin embargo, ya es tiempo que el FMLN deje de buscar culpables afuera de sus filas, haga su primer examen de conciencia –luego de seis años en el poder–, evalúe a sus funcionarios, entienda que se ha equivocado y que comience a realizar un sincero esfuerzo por dar un mejor rumbo al país, especialmente en el área de salud.
Y digo salud porque este, además de la seguridad y educación, es de los rubros que más ha estado en el tintero de los medios por diferentes situaciones. En el caso que nos atañe, debemos reconocer que se están encendiendo diferentes alarmas que hacen necesaria una intervención urgente en varias áreas, y por eso, como legisladores de ARENA estamos haciendo lo que nos corresponde; pero el FMLN antepone otros intereses y no los de la mayoría.
El mejor ejemplo de esto es lo ocurrido en la Comisión de Salud, donde el partido en el gobierno bloqueó el inicio de la discusión de las reformas a la Ley de Creación del Sistema Nacional de Salud.
La falta de medicamentos, las protestas que se han vivido a lo largo de las administraciones del FMLN en importantes hospitales como el Rosales, Bloom, Zacamil, Santa Teresa, donde los sindicalistas denuncian las pésimas condiciones en que se brindan los servicios, la suspensión de operaciones, el mal estado en ascensores y aires acondicionados, entre otras complicaciones, demuestran la urgencia de comenzar a discutir este cuerpo legal.
De igual manera, en lo personal y como comisión hemos pedido que se invite a la ministra de Salud, director del Seguro Social, director Nacional de Medicamentos, en fin todos los funcionarios responsables de velar por los salvadoreños y que, en mayor o menor medida, han tenido fallas en su gestión.
Pero el FMLN, en lugar de permitir que sus funcionarios expliquen y aclaren a la población, da largas a los diferentes temas ignorando que, como diputados, nos debe preocupar la calidad del servicio que se presta a los salvadoreños en el sistema nacional de salud.
La peor tragedia de nuestros compatriotas, especialmente de quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, es visitar un establecimiento público de salud, visita que, en muchos casos, puede tener costos en vidas. No escuden sus errores en otros, sean responsables y vean cada dificultad como una oportunidad para demostrar cómo deben de resolverse los problemas, ya que nada puede ir bien en nuestro país si las palabras se contradicen con los hechos.
*Diputado.