Recientemente la Sala de lo Constitucional aceptó un recurso de inconstitucionalidad para analizar si se ha vulnerado tanto derechos de audiencia y defensa como el derecho constitucional a la vivienda a casi 80 familias que residen en una comunidad dentro de la Finca El Espino de esta capital y que estaban a punto de ser desalojadas de su lugar de habitación, en algunos casos, desde hace 35 años.
Al leer a profundidad sobre el tema de cómo llegaron las familias al terreno, de cómo la familia propietaria y demandante es dueña del terreno, de cómo las promesas políticas de una vivienda legal se han paseado por la comunidad, y de cómo la organización comunitaria de los habitantes a evolucionado y fragmentado, podemos encontrar todos los ingredientes de la realidad salvadoreña que nos tiene sumergidos y de espaldas al progreso.
Para citar algunos: utilización de grupos poblacionales vulnerables para fines políticos partidarios, promesas políticas en épocas de campañas, división de la organización comunitaria para defender intereses partidarios, limitados derechos y beneficios a los colonos y trabajadores de la otrora época de oro del café salvadoreño, falta de responsabilidad del Estado para asumir sus compromisos y velar por los derechos de sus ciudadanos.
Hablar de quién tiene la razón sería tan improductivo, y riesgosamente sesgado, que lo mejor que se puede hacer en este tipo de casos es plantearnos la meta en función de una solución, si, hacia delante, ¿acaso no son las políticas públicas herramientas para el desarrollo, para la búsqueda de soluciones pensando en el futuro?
En los últimos 6 años se ha puesto de muy de moda el término de inclusión social, ¿pero qué es la inclusión social?, bueno, la inclusión social sin ser total experto en la materia puedo resumirla de la siguiente manera: la solución menos cómoda posible para los involucrados pero la más productiva y rentable a largo plazo para toda la sociedad.
Chile tiene una larga data de procesos de inclusión social, si bien es cierto tienen mucho por recorrer tienen grandes aprendizajes para nuestro país, especialmente en materia de manejo de casos de familias que viven en “tomas ilegales”, así como el caso de la comunidad El Espino que está en suspenso su inminente desalojo.
Si hay un elemento que diferencia a los procesos de inclusión social de cualquier otro proceso de políticas públicas es el diálogo y la organización en función de un fin. La búsqueda para una solución al caso de las familias en El Espino no tiene que venir de lo que dicte la Sala Constitucional, no es la vía legal la que sanará las heridas de la exclusión, sino un diálogo transparente entre los líderes comunitarios, los dueños del terreno, los tomadores de decisión del gobierno que pueden financiar y cumplir su responsabilidad legal con las familias de una vivienda de interés social DIGNA (en mayúscula) y la mediación de alguna organización sin fines de lucro para guiar y acompañar en todo el proceso a las familias, evitando así, que el factor político mine, como siempre logra hacerlo de manera directa o indirecta, en este tipo de procesos.
En 6 meses más regresará la amenaza del desalojo, y aunque la Sala dictamine a favor de las familias, no estaríamos abonando en ningún sentido a que haya una solución de fondo para los graves problemas de exclusión social que acumula el país, de hecho, esperar que esto se resuelva vía Sala Constitucional es justamente lo más cómodo para todos los involucrados. Todavía tengo la esperanza de que alguno de los actores que mencioné asuma el liderazgo y salga de su zona de confort y busque una solución real a esta problemática que así como en El Espino sucede en miles de comunidades de todo El Salvador.
*Economista.
@marlonmanzano_