La oligarquía roja la ha emprendido contra los magistrados de la Sala de lo Constitucional, como a la vez persigue a los exfuncionarios que acordaron el convenio con ENEL para desarrollar la geotermia en El Salvador, un objetivo que habría sido inalcanzable sin los aportes italianos en prestigio corporativo, tecnología, recursos y experiencia.
En tal sentido, lo declarado por el mandatario Sánchez de que el país iba a incrementar la generación eléctrica son ilusiones sin fundamento. Y las razones son claras:
El Salvador carece del capital y del conocimiento, el knowhow, para incrementar por su cuenta la producción de energía, o inclusive para sostenerla en el tiempo. Y una señal muy significativa es que los precios de energía son más altos aquí que en el resto de Centro-América, a causa de la ineficiencia en administrar y operar el plantel eléctrico.
Después del atropello a ENEL nuestro país no va a encontrar quienes quieran invertir en nueva capacidad de generación, fuera de plantas operadas por búnker, que tan pronto se instalan pueden desmantelarse y se pasan a otra parte.
La peor señal que un país puede dar al mundo es desconocer o violar contratos, como asimismo decretar disposiciones de aplicación retroactiva, como se hizo con ENEL al calificar de fraudulento el convenio firmado dentro del marco legal vigente en aquel momento, además de contar con el beneplácito de las autoridades constituidas y de la opinión pública.
Lo delictivo no fue acordar con una empresa líder en su campo, la de mayor experiencia mundial, el aprovechamiento de la geotermia en condiciones muy ventajosas para El Salvador, sino desconocer lo pactado y tomarse una empresa, sus activos y sus instalaciones en provecho del previo desgobierno de Funes y el actual grupo en el poder.
Ni CEL ni las entidades montadas a dedo para seguir aprovechándose de un programa robado, el de la Geotermia, tienen la capacidad para administrar con una medida de eficiencia el sector eléctrico, como lo demuestran los fracasos sucesivos que vienen teniendo en ampliar la geotermia y desarrollar nuevas fuentes, en este caso El Chaparral.
Las torpezas de los incapaces
las pagan los pobladores
Los rojos buscan los menores indicios posibles y las más antojadizas interpretaciones de la ley para perseguir al grupo de clarividentes y honestos exfuncionarios que firmaron el convenio hace trece años, pero no mueve un dedo para investigar la serie de errores y maniobras que han llevado a pérdidas enormes, como las siguientes:
El gran hoyo de El Chaparral, que tiene un costo de ciento ocho millones de dólares y que es casi imposible de recomponer sin que se pierda más dinero.
La expansión de la presa 5 de Noviembre, que se ha convertido en un agujero sin fondo pues se contrató por un costo mucho mayor del que se había presupuestado cuando se anunció en 2011.
Los altos costos de energía que pagan todos, a lo que se suma el retraso del país en interconectarse a las redes centroamericanas. Esos altos precios perjudican la competitividad de fabricantes y negocios, además de elevar los precios de lo que la gente consume.
La CEL es una caja chica de los rojos y mamandurria de la oligarquía comunista.