El analista José Miguel Cruz, de la Universidad Internacional de Florida, insiste en que para resolver el problema de la inseguridad en El Salvador se necesita un plan integral, un liderazgo claro y, sobre todo, involucramiento de los diversos sectores de la sociedad, comunidades, iglesias, profesionales, empresarios. Y sobre todo que se debe generar conciencia de que la seguridad es un asunto que nos compete y debemos pagar entre todos.
Cruz llegó esta semana a Washington para varios encuentros con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y centros de análisis para exponer y aportar a un tema que maneja al dedillo: El Salvador y la crisis de inseguridad ciudadana que se ha recrudecido en el país con las alarmantes cifras de 21 homicidios diarios.
Luego de cumplir el primer punto de su estancia de dos días en Washington, José Miguel Cruz conversó con El Diario de Hoy para delinear algunos puntos que, a su criterio, no pueden pasar por alto a la hora abordar la solución al problema de violencia e inseguridad en El Salvador, donde los pandillas y otros grupos del crimen tienen amedrentada a la población y ponen cada vez más en aprietos a las fuerzas de seguridad pública.
¿Qué se está viendo sobre la seguridad ciudadana en El Salvador desde la esfera internacional?
Lo que muestran todos los indicadores es que hay un aumento en la violencia y la inseguridad. Eso está claro y tiene que ver con muchas cosas, pero especialmente con el colapso de la tregua de hace tres años. Lo que estamos viendo es parte de ese proceso.
¿El colapso de la tregua entre pandillas y gobierno?
Lo pongo así: en realidad por la manera en cómo la tregua estuvo diseñada y en cómo se negoció. Ese plan tenía muy poco potencial de ser exitoso, porque no se hizo como parte de un plan integral de seguridad, sino para dar la impresión de que se estaban reduciendo los homicidios y que se estaba combatiendo la inseguridad. Pero se dejaron fuera muchas cosas estructurales e institucionales que se debían controlar para poder resolver el problema de la violencia.
¿Cuáles son los costos que está pagando la sociedad salvadoreña por esa tregua y podría señalar a los actores responsables?
Los costos son claros en el sentido que, (primero), tenemos mucha más violencia, no sólo de la que teníamos durante la tregua, sino de antes de ésta. El segundo costo, me parece a mí, es una deslegitimación del Estado. Cuando un gobierno negocia con pandillas sin tener un plan que en realidad conduzca a la desmovilización y desmontaje de estos grupos criminales, al final lo que se está haciendo es fortaleciéndolos y erosionando la capacidad y legitimidad del Estado.
¿Y los actores responsables?
Eso está claro: fue el gobierno del expresidente Mauricio Funes, muy mal asesorado, con algunos de esos actores que todavía están presentes en el actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén, como el exministro de Seguridad Pública y hoy ministro de Defensa (David Munguía Payés). Así que creo que todo esto es producto de planes mal llevados.
Con cada día que pasa las pandillas incrementan su poder con el control territorial y sobre todo le han ganado el valor a amplias franjas de la población. ¿Qué márgenes de maniobra quedan para revertir la desconfianza y contrarrestar el terror en la ciudadanía?
Todavía hay márgenes de maniobra en la medida que las autoridades actuales puedan conducir un plan integral de seguridad. A este punto, tal como están las cosas, pensar que se puede resolver el problema de la violencia sin tomar en cuenta muchos elementos, incluso sin pensar en hablar con las pandillas, creo que es imposible.
¿Dialogar con las pandillas?
Sí. (En) cualquier plan que lleve como fin reducir el problema de inseguridad (se) tiene que tomar en cuenta la necesidad de al menos hablar con grupos criminales. Pero eso no debe ser el fin último. El objetivo final debe ser el mejoramiento de las condiciones que producen violencia en nuestro país. Eso implica mejorar las condiciones económicas que existen en el país y mucha gente tiene que participar en la solución de los problemas. Porque el problema de la seguridad no es solo de la Policía, sino de todos los actores sociales. Si estos se involucran, hay posibilidades y espacios. Pero ya no tenemos mucho tiempo.
¿Con qué premisas y bajo qué reglas se podría entablar un diálogo con las pandillas, considerando los antecedentes de la negociación previa que llevó el gobierno?
Insisto: cualquier respuesta que en realidad contemple la solución del problema de inseguridad del país debe incluir el tema de hablar con estos grupos criminales. Pero hablar con el propósito último de desmovilizarlos y reintegrarlos a la sociedad. El problema que tuvo la tregua es que no tenía eso como objetivo, se hizo solo para reducir homicidios o aparentar que se reducían, cuando el objetivo debió ser desmovilizar y desarticular esos grupos criminales como cualquier proceso de reintegración.
¿Pero hay una delicada línea?
La plática con las pandillas debe implicar su desaparición. No creo que matándolos o eliminándolos sea la solución, sino reintegrándolos y que ellos abandonen las armas con todos los procesos de justicia que hay que hacer, para eso hay que establecer límites de qué pueden establecer el Estado y la sociedad y lo que ellos (pandilleros) tienen que comprometerse a cumplir.
¿Qué figuras jurídicas podrían encontrarse como salida, porque las pandillas como tal, al ser grupos criminales de alcance internacional, están proscritas?
Yo no estoy proponiendo una nueva tregua, déjeme aclarar esto. Lo que yo propongo es un plan integral de atención al problema de la seguridad y dentro de ese plan hay que incluir el tema de hablar con los grupos criminales para desarticularlos. Habrá algunos que no querrán aceptar esa oferta, para esos el Estado tiene que tener todos los recursos para poder combatirlos, pero habrá otros que tal vez lo quieren y podrían jugar un papel importante en la pacificación de la sociedad salvadoreña aun siendo criminales. Pero para eso el Estado debe ser claro y fuerte en poder hacerlo.
¿Cuáles es la columna vertebral que a su criterio debe tener un plan de seguridad ciudadana para El Salvador actual?
Una columna importante es la participación de todos los sectores de la sociedad, porque se piensa que la seguridad es un problema de la Policía, pero no, es un problema de toda la sociedad. Cualquier plan tiene que ir más allá de hacer una marcha ciudadana para pedir fin a la violencia; eso puede ser bonito, aviva espíritus, pero no logra nada en términos prácticos. Se necesita una estrategia donde esté claro; cuál es el rol de la sociedad civil, de los empresarios, de las distintas carteras del gobierno, cuál es el rol de los donantes externos, todo eso lo debería saber articular el gobierno.
¿En concreto como se visualiza?
Ya hay esfuerzo, como El Salvador Seguro, en el que muchos actores han participado. Yo entiendo que hay algo de traer eso a la realidad y ponerlo en concreto, el problema es que el tiempo pasa y necesitamos ver eso cuanto antes; la fase de mesas y trabajos de los distintos sectores ha ocurrido, ahora lo que falta es cómo traducir eso en estrategias y acciones concretas.
¿Cómo ve los tiempos, considerando que todo gobierno y su presidente están también bajo la espada implacable del calendario?
Dada la severidad del problema de la violencia, cualquier solución o estrategia tomará tiempo en dar resultados. Muchas veces esperamos que las cosas cambien de la noche a la mañana. Con la justificación de que no podemos esperar más se ha venido tomando medidas de corto plazo que al final han terminado agravando el problema.
¿Estamos en punto de máxima urgencia?
Ahorita lo que se necesita es echar a andar un plan real. La administración anterior tuvo un buen plan en papel y el entonces presidente Funes nunca tuvo la valentía de asumir ese plan que su propio gabinete le había articulado. Lo dejó a un lado y privilegió las respuestas de corto plazo. Cuando empezamos a hacer esas cosas, es que las respuestas se siguen retrasando y nunca vamos a ver soluciones.
¿Cree que esos fracasos constantes han frustrado a los actores clave del país?
Claro, los actores clave se aíslan porque se frustran y se decepcionan; hay mucha gente que entró con entusiasmo, con esperanza de poder hacer la diferencia y ha terminado retirándose. Ahí se debilita a muchos actores que podían ser aliados importantes al momento de articular un buen programa de seguridad ciudadana.
¿La respuesta represiva y grupos de exterminio qué peligros encierran?
Los peligros que hemos enfrentado siempre y cuyos resultados hemos visto hasta ahora. El problema de grupos de exterminio siempre ha existido en el país, en el pasado y están presentes ahora; muchas veces por la presencia de estos grupos es imposible articular planes que sean conducentes a un Estado de Derecho. No se puede hablar de Estado de Derecho cuando hay grupos de exterminio que son protegidos por algunos funcionarios o instituciones.
¿Y sobre la Policía Nacional Civil?
La Policía tiene que hacer lo que por ley le toca, que es apresar al criminal y entregarlo a la justicia para que haya un juicio y que se decrete la culpabilidad o inocencia, y a la vez proteger a los ciudadanos. El problema es que en la medida que están en paralelo los grupos de exterminio, mucha gente sigue creyendo que esa es la solución inmediata y la mejor. Eso nos ha comido mucho tiempo que podíamos haber utilizado para resolver el problema.
¿La estrategia de choque de la PNC debería reconsiderarse entonces?
En aquellos lugares donde existe es muy problemático y preocupante. La Policía, por un lado, está haciendo un esfuerzo grande en hacer lo que han dado en llamar la Policía Comunitaria, pero por otro lado hay algunos sectores dentro de la PNC que van por la continuación de estas respuestas de choque y de ataque final al enemigo, que en este caso lo que harían es fortalecer a las pandillas y grupos criminales. La ilusión de que los grupos de exterminio eliminarán a todos los pandilleros y traerán paz por la fuerza es falsa. Por el nivel de consolidación, penetración y engranaje que tienen las pandillas en algunos sectores de la sociedad es imposible pensar que exterminándolos se va resolver el problema.
¿La doctrina de seguridad pública del país debe replantearse al estar sustentada sobre supuestos fuera de la realidad?
Al parecer ya se está replanteando, pero todavía está en el papel, necesitamos que llegue a la calle y se haga realidad. Cuando un gobierno dice: “De aquí en adelante vamos a entender la PNC como una Policía Comunitaria cercana a la población”, está bien, me parece que es la respuesta correcta, pero no solo decirlo, hay que hacerlo de manera robusta y asumirlo con todos los actores dentro y fuera del gobierno.
¿Cree que se subestimó el monstruo que estaba creciendo en el país?
Sin ninguna duda, se subestimó y no se le prestó atención. El problema que tenemos ahora de grupos criminales y pandillas empezó unos 20 años atrás, si se hubiera actuado rápido no estaríamos como estamos.
¿Queda algo de la dialógica para conceptualizar a las maras en El Salvador que se hacía desde laboratorios de análisis sociales?
Queda mucho todavía porque está claro que hay que hacer algo en la sociedad salvadoreña para detener las condiciones que llevan a mucha gente que se una a grupo criminales. Hoy hay que lidiar con ese monstruo, sin duda, porque hay factores que lo siguen alimentando y haciéndolo crecer. Como está la situación le podemos cortar las cabezas al monstruo, pero otras cabezas van a surgir.
¿La cooperación internacional como se debe circunscribir?
Puede jugar un papel importante en la medida que exija de los actores locales su contribución, por ejemplo, en la discusión que hay sobre la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y la promesa del gobierno de Estados Unidos de dar un billón de dólares a los tres países de Centroamérica, lo que uno ve es que los gobiernos dicen: si, necesitamos más y esto no es suficiente; sin duda EE. UU. tiene alguna responsabilidad, pero lo mayor responsabilidad es de los países y los gobiernos mismos, de las élites y empresarios de la región.