Los diferentes ministros y funcionarios del gabinete económico aún no se ponen de acuerdo sobre cuál es la mejor propuesta para reformar el sistema de pensiones.
Tras una primera reunión, que tuvo lugar hace tres semanas, el único punto en común ha sido continuar trabajando en el tema. Al menos tres iniciativas diferentes se perfilan para dicha reforma, las cuales aún no han sido conciliadas en una propuesta integrada.
Según las declaraciones públicas hechas por funcionarios de gobierno, la semana pasada, la reforma de pensiones podría incluir al menos tres medidas: permitir que los ahorros de pensiones sean invertidos en una cartera de proyectos más grande, ampliar la cobertura de la pensión básica universal y hacer que algunas cotizaciones sean pagadas, de nuevo, al Estado.
“El acuerdo es continuar trabajando en una propuesta única que aborde una solución integral… Los equipos técnicos están trabajando para darnos una propuesta mucho más concreta”, expresó recientemente el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Óscar Cabrera, al ser consultado por los avances en la reforma.
El pasado 28 de abril el actual gabinete económico se reunió, por primera vez, para revisar el diagnóstico de pensiones que tiene Casa Presidencial e iniciar la elaboración de una propuesta de reforma. Lo que este equipo decida será presentado al Presidente de la República y luego sometido a un diálogo nacional.
Sin embargo, el gabinete económico aún no ha llegado a un acuerdo concreto.
Las tres visiones
Los diferentes enfoques para la reforma de pensiones estarían siendo promovidos por el BCR y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF); Casa Presidencial y diputados del FMLN, y por el Ministerio de Hacienda.
La SSF y el BCR estarían buscando que se permita ampliar la cartera de inversión para los ahorros de pensiones. Es decir, están a favor de que las cotizaciones acumuladas en las AFP se inviertan en mecanismos que permitan a los trabajadores obtener mejores ganancias.
“Que los fondos de pensiones financien las inversiones productivas de largo plazo del país y eso aumente la rentabilidad. Eso hace que su pensión sea mayor porque usted ahorra más”, explicó el superintendente del sistema financiero, Ricardo Perdomo.
El titular del BCR, Oscar Cabrera, coincidió con esa visión añadiendo que “es necesario diversificar el riesgo de los fondos de inversiones”.
Por su parte, el secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, ha señalado que una de las principales apuestas del Gobierno es aumentar la cobertura de las pensiones.
Las declaraciones públicas de este funcionario, junto con las del presidente Salvador Sánchez Cerén y la diputada del FMLN, Lorena Peña, han detallado que se busca asegurar una pensión mínima a las que ganan uno o dos salarios mínimos. Es decir, ampliar la cobertura de la llamada pensión no contributiva (para la cual no se ha ahorrado), cuyo financiamiento corresponde por completo al Estado.
La compañía de pensiones Sura Asset Management analizó los efectos que estas iniciativas tuvieron en otros países a través de tres estudios publicados en marzo de este año.
Según los resultados obtenidos, los ahorros de pensiones facilitan un financiamiento de relativo bajo costo para proyectos de infraestructura o productivos, tanto para gobiernos como entidades privadas. Esta misma dinámica además permite a los cotizantes obtener mejores intereses. También reduce la vulnerabilidad de los ahorros, ya que no se concentran en financiar al Estado.
Por contraste, los estudios de Sura señalaron los riesgos de las pensiones no contributivas que pueden llegar a ser problemáticas para las finanzas públicas. Se deben tomar medidas adicionales que aseguren ingresos constantes al fisco para pagar las altas prestaciones. Cuando esto no es posible, señala el documento, se añade presión a los impuestos.
La tercera visión que esta en discusión, es la que defiende el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. El funcionario pretende “corregir todas las deficiencias” que cargan de responsabilidades al Estado mientras las cotizaciones se hacen a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
“Lo que se requiere es un ajuste de orientación de los flujos… si el Estado tiene la responsabilidad de darle al sector privado sus pensiones, lo lógico es que las cotizaciones vengan a este fondo que tendría que pagar las pensiones”, explicó el funcionario.
Con ello Cáceres se refirió a cerca de 130 mil trabajadores que tuvieron la opción de pasar sus cotizaciones del Sistema Público de Pensiones (SPP) a a las AFP. Este grupo además fue beneficiado, por decreto, para recibir una pensión básica en la vejez una vez que sus ahorros en las AFP se terminen.
Ampliar la discusión
Aún es incierto cuál de estas iniciativas tendrá prioridad en la propuesta final. Aunque el secretario Lorenzana ha expresado que “este es el año de la reforma de pensiones”, el gabinete económico aún tiene mucho trabajo por delante y sin fecha límite.
A ese proceso se le debe sumar el diálogo con la sociedad civil para definir la propuesta final; mientras tanto algunas organizaciones sociales ya realizan análisis de la problemática y adelantan que la reforma implicará sacrificios para todos.
Asimismo resienten que de forma oficial no se sabe qué pretende hacer el Estado con las pensiones.
“Es justo que haya una discusión amplia, técnica, que todos tengamos acceso a la información, a los números. No podemos discutir sobre una reforma que no conocemos”, expresó Ruth de Solórzano, presidenta ejecutiva de AFP Crecer, tras un foro sobre el tema organizado por International Budget Partnership (IBP) en San Salvador.
Dicho evento fue realizado el mismo día que se reunió el gabinete económico para revisar el diagnóstico de pensiones. En esa ocasión de Solórzano lamentó que la sociedad está discutiendo en base a rumores o declaraciones de funcionarios, lo que limita su capacidad para enriquecer el debate.
Instituciones como el Banco Mundial, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) y el Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop), entre otros, se dieron cita en el evento de IBP.
De acuerdo con la Superintendencia, hasta el primer trimestre de este año el sistema público contaba con 13,082 cotizantes, mientras que el sistema privado de pensiones con 664,287.
Hasta marzo de 2015, el sistema público de pensiones tenía un total de 978,600 personas jubiladas y 60,698 ya se han pensionado dentro de las AFP.