La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CCIS) calificó de irresponsable la publicación de información fiscal de personas naturales y jurídicas por parte del gobierno y exigió que se evite este tipo de divulgaciones porque atentan contra el prestigio y la honorabilidad de los contribuyentes de todos los sectores productivos y económicos.
Además, calificó de “malintencionada” la exhibición pública de la información porque generaliza al señalar de deudores a personas y empresas que se encuentran en distintas etapas del proceso de establecimiento en firme de la calificación.
“Esto podría llevar a pensar que se trata más bien de una acción cuyo objetivo es distraer la atención del grave problema de inseguridad que afecta a los salvadoreños, generando inestabilidad y desconfianza en el ambiente de inversión”, consideró la Cámara, a través de un comunicado.
Incluso la gremial recordó al gobierno y, con énfasis, al Ministerio de Hacienda, que varias de las empresas señaladas “son las que más empleo generan en el país”.
“Siempre hemos exhortado a los empresarios a que honren sus compromisos con el Estado y reiteramos nuestro respaldo a todas las medidas destinadas al combate de la evasión o elusión de impuestos, siempre y cuando estén dentro del marco legal y constitucional”, agregó la principal gremial del sector comercio y servicios.
Por ello insistieron en que se deben de agotar todas las vías de apelación antes de hacer pública y aclaró que a ninguna empresa será defendida a través de la Cámara, aunque se advirtió que se debe de seguir un proceso de comprobación de deudas “apegado a la ley”.
“Consideramos que el gobierno no puede acusar de deudor a una persona jurídica o natural mientras su caso aún se encuentre en proceso de apelación y no se haya declarado firme y exigible la deuda que tiene con el Estado”, agregó la gremial.
Hay que recordar que el gobierno hizo público un listado de deudores en revisión de sus casos, supuestamente amparado en los artículos 277 y 277-A del Código Tributario vigente.
Finalmente se hizo un llamado al Gobierno a que respete el honor de las personas o empresas mencionadas y a que se tome muy en cuenta que se está violando el principio de presunción de inocencia y confidencialidad, fundamentales en el ejercicio de justicia en el país.
“Lo que llama nuestra atención en esta oportunidad es la condena moral que se establece en la publicación aludida, violando el principio de presunción de inocencia y confidencialidad. Esto es delicado pues daña gravemente el honor y la imagen de personas y empresas, lo que les complica el escenario para realizar negocios y, por ende, la atracción de inversiones y la generación de empleo”, puntualizó la Cámara.
La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ya realizó un posicionamiento al respecto, al igual que la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI).
Las gremiales han insistido en que es clave dar estabilidad jurídica y actuar apegado a derecho para mejorar la inversión en el país.