La coalición cívica Aliados por la Democracia responsabilizó al presidente Salvador Sánchez Cerén y a su partido FMLN por lo que pueda ocurrirles a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Sánchez Cerén y los dirigentes del partido de gobierno arremetieron contra los magistrados Belarmino Jaime, Sidney Blanco, Florentín Meléndez y Rodolfo González en los actos del pasado 1 de mayo, por el fallo de la Sala que ordenó un recuento de votos en San Salvador y congeló la instalación de 24 diputados en la Asamblea Legislativa.
Las declaraciones del presidente llamaban a la población a rebelarse y a decir un “basta ya a las resoluciones de la Sala”, además de afirmar que esos cuatro magistrados “despiden funcionarios y suspenden la Asamblea Legislativa con valoraciones antojadizas, que representan grupos oligarcas”.
Según Federico Hernández, el solo hecho que el propio presidente se atreva a amenazar a los magistrados ya es un atentado contra la democracia y la institucionalidad.
Advirtió que esto pone en riesgo la vida de los magistrados porque los han mencionado con nombre y apellido y le están diciendo a las personas que hay que salir a la calle a defender lo que el presidente y el partido FMLN llaman la institucionalidad de la democracia. “Yo creo que un presidente de la República o cualquier funcionario público debería de cuidar sus palabras”, dijo Hernández.
Carlos Nasser, del Consejo de Asociaciones de Profesionales de El Salvador, también concluye que las declaraciones que dio el presidente el pasado 1 de mayo, son “atrevidas y peligrosas”.
Consecuencias de las declaraciones
El exmagistrado José Domingo Méndez considera que los funcionarios tienen derecho a estar en desacuerdo ante una resolución judicial, pero eso no justifica frenarlos o decir que “la nueva dictadura de El Salvador está constituida” por la Sala de lo Constitucional.
“Es claro, muy claro que estamos pasando del disenso (desacuerdo) a la amenaza de la independencia de los Órganos del Estado y creemos que no es conveniente que ningún funcionario lo haga, mucho menos el presidente de la República”, dijo Méndez.
Aliados por la Democracia además considera que este tipo de declaraciones envía un pésimo mensaje tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo cuando el país necesita atraer inversión, generar fuentes de empleo y mayor productividad en el país.
Argumentan que esto de alguna manera también debilitan la seguridad jurídica de El Salvador.
“Vamos a defender con todas las armas que nos da la Ley y la Constitución vamos a defender estos cuatro magníficos que están siendo objeto de ataques”, dijo Méndez.
Aliados también se pronunciaron ante señalamientos de que algunos miembros de partidos políticos han sugerido posibles reformas para regular el ejercicio de la Sala.
Solicitan a los partidos que se abstengan de realizar una reforma a la Ley de Procedimientos Constitucionales porque podría constituir un principio para “maniatar” a la Sala.