La Asamblea Legislativa aprobó ayer, en la primera sesión plenaria de la legislatura 2015-2018, $2.2 millones en remanentes de créditos, que serán destinados para reforzar al Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL).
Los fondos provienen de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 2007, y otro con el Kreditanstalt Für Wideraufbau (KFW), de 2009.
La aprobación de dicho empréstito generó un intenso debate entre las bancadas del FMLN y ARENA, luego de que este último criticara que el proyecto se aprobó con dispensa de trámite (sin discutirlo en la comisión).
El primero en criticar la medida fue le diputado de ARENA, Juan Valiente, quien criticó que se estuviera aprobando el proyecto sin que fuera suficientemente analizado en la comisión de Hacienda del Congreso.
Más adelante, su colega de fracción, Donato Vaquerano, sostuvo que ninguno de los legisladores que está en el pleno sabía en qué consistía el proyecto a aprobar.
“Es una pieza de correspondencia que si tuvieran alguna prisa, la hubiesen introducido con mucha antelación. Si bien es cierto no es una cantidad enorme de dinero, comparados con los cientos de millones que en muchas ocasiones se han estado aprobando, creo que es ilógico que se irrespete al pleno legislativo porque de una cosas estoy seguro, nadie de los que está aquí le puede dar a detalles lo que estamos pasando con dispensa de trámite”, dijo el legislador de ARENA, Donato Vaquerano.
En tanto la jefa de bancada del FMLN, Norma Guevara, y el diputado Rolando Mata defendieron el proyecto y aseguraron que el mismo ayudará al desarrollo de las municipalidades. Los fondos, según el decreto, serán utilizados para proyectos de infraestructura básica, además de ampliación, construcción y reconstrucción de obras de salud, educación, agua potable, electrificación comunitaria, entre otros.
Asimismo, el diputado del PDC, Rodolfo Parker, defendió la reorientación y señaló que su partido ha dado seguimiento a las asignaciones que las municipalidades han estado recibiendo.
“Antes, para mal del país, este tipo de transferencias o refuerzos ni siquiera se reportaban ni había autorización del pleno legislativo. Hubo que intervenir la Sala de lo Constitucional para que fuera necesaria la autorización”, dijo.