La sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establece que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos no violenta la constitución de nuestro país ni la actividad comercial.
Las cuatro demandas que la Sala recibió señalaban 21 motivos para declarar inconstitucional el acuerdo. De ellos, 6 fueron sobreseídos (no se justificó de forma correcta), 13 desestimados (la petición no era aceptable) y dos dieron lugar a declarar inconstitucional un par de artículos.
Los dos artículos que fueron declarados inconstitucionales limitaban el papel de la Asamblea Legislativa para ratificar o modificar convenios.
La petición de declarar inconstitucional el TLC porque no hubo un adecuado proceso de negociación, fue ignorada. La sala estimó que no se aclaró de forma adecuada si en realidad hubo poco análisis y discusión en la asamblea.
De momento la diputada del FMLN Jackeline Rivera dijo que esperaban una resolución mas patriota sobre el tema. En su reacción expresó que ya esperaba una resolución de este tipo, aduciendo que la sala responde a otros intereses.
En la práctica la resolución de la CSJ no modifica el TLC, ni su funcionamiento. Las condiciones comerciales con dicho país se mantienen de la misma forma.
Esta mañana, el magistrado Edward Sidney Blanco dijo en una radio local que la resolución puede catalogarse como mixta dado que algunos artículos impugnados han sido declarados inconstitucionales, otros constitucionales y otros que han sido sobreseídos.
En el 2007, el FMLN aseguró que le fueron aceptados 14 de 30 alegatos de inconstitucionalidad presentados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en relación al Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU., avalado por el país el 17 de julio de 2004.
El jefe de la bancada roja en ese entonces, Salvador Sánchez Cerén, sostuvo que algunos de los puntos aceptados por la CSJ tienen que ver con las desventajas de competencia que ha experimentado el sector campesino frente a productores más grandes.
Además, aseguran que se entorpece la integración de Centroamérica y que se viola el principio de la Constitución según el cual corresponde a la Asamblea Legislativa establecer las políticas arancelarias.