Los abogados de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) adujeron ayer que en los archivos de la institución no existen los documentos del arreglo marco entre Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (INE) y Enel Green Power , proceso con el que se compraron las acciones que tenía la firma italiana en LaGeo a un monto de $287.6 millones.
Esta fue una parte de la defensa de la autónoma ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en la audiencia donde también participó como demandante el exdiputado de ARENA, Mario Valiente, luego de que la empresa estatal le negara información sobre la negociación accionaria y la expansión de la presa 5 de Noviembre, un proyecto adjudicado y en ejecución por la empresa Queiroz Galvao, ligada al caso Petrobras en Brasil.
Por ello los defensores de la CEL afirmaron ante los comisionados del IAIP que Valiente “tocó la puerta equivocada” y que el exlegislador tiene que ir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un organismo adscrito al Banco Mundial con sede en Estados Unidos, pese a que ahí se suspendió un proceso de arbitraje y que se hizo una negociación bilateral con la geotérmica italiana.
“Está claro que quieren ocultar información, si se hizo una negociación con transparencia, esos expendientes deben de ser públicos porque a Enel se le pagó con dinero del Estado, más allá de que se trata de una titularización de flujos futuros de LaGeo”, subrayó el exlegislador.
Por su parte, el abogado de la CEL, Milton Ávalos, dijo que en el arreglo con Enel quien firmó en representación del Estado fue el Fiscal General de la República, Luis Martínez, y que CEL solo acompañó las negociaciones.
“En el imaginario público puede existir la confusión de que fue un solo arbitraje pero hay que recordar que en 2011 ante la Cámara Internacional de Comercio la parte demandada fue la CEL mientras que en el CIADI fue el Estado”, justificó el defensor.
Se debe recordar que Valiente recibió el pasado 13 de enero una notificación por parte de CEL en la que le denegaba por segunda ocasión la información aduciendo que la institución “no fue la que definió el acuerdo marco” y que “no obra en su poder el documento señalado”. Esto, al igual que la reserva de información sobre la ampliación central, determinó su decisión de apelar ante el IAIP.
“¿Cómo es posible que CEL diga que no tiene la información cuando ellos son los dueños de la INE? No es ético ni moral engañar a la población de esta manera”, dijo.
Valiente agregó como pruebas complementarias al expediente que posee el IAIP diferentes publicaciones periodísticas y copias de anexos del acuerdo con Enel en la que firma el actual presidente de CEL, David López Villafuerte, y el de LaGeo, Daniel Rodríguez.
Acá se definen finiquitos y liberación de responsabilidades por parte de ambas instituciones hacia exfuncionarios tanto de Enel como de la institución autónoma.
“Estos nuevos argumentos pretenden desvirtuar la pretensión de la CEL de seguir ocultando algo que no está bien definido. Yo aún me pregunto porque la institución dice que recuperó LaGeo cuando la empresa sigue siendo de la INE, una institución que no puede ser supervisada por la Corte de Cuentas y que fue constituida con fondos públicos”, indicó Valiente, exmiembro de la Comisión Legislativa que investigó el contrato entre CEL y Enel.
Sin embargo, para la abogada de la CEL, Claudia Cruz, la documentación que agregó Valiente como respaldo ante el Instituto no tiene carácter institucional y por lo tanto “no debería de ser considerada por los Comisionados” al momento de emitir su resolución.
“La información de los periódicos o cualquier otro documento que carece de naturaleza institucional no debería de ser reconocida como prueba porque se desconoce su origen”, indicó la jurista.
Por otra parte, Valiente consideró que es importante relevar el acuerdo con Enel porque se debe de aclarar si existe la posibilidad de que LaGeo busque otro socio estratégico, ya que no queda claro si la INE podrá sacar adelante la generación de energía geotérmica en el país, sobre todo porque, según el exlegislador de ARENA, hay problemas financieros en la empresa geotérmica de la CEL para empujar diversos proyectos a corto y largo plazo.
“Sería muy importante que ellos (CEL) también le digan a la gente, a los medios de comunicación, como está LaGeo en términos financieros y si aún hay capacidad en los actuales pozos geotérmicos de generar energía o si es importante realizar millonarias inversiones para repotenciarlos, pese a que no se tiene un socio ni en lo administrativo ni en lo económico”, puntualizó Valiente.
Mientras tanto, el comisionado del IAIP, Jaime Campos, dijo que en todo este proceso de apelación ambas partes han presentado pruebas que serán evaluadas por el instituto en un plazo de tres días hábiles.
Si vence este periodo y el IAIP no resuelve, se aplicará el silencio administrativo positivo, lo cual favorecerá a Valiente y obligará a la CEL a dar los expedientes, según el artículo 99 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“Tenemos que evaluar cómo se dio todo el proceso de negociación y comparar cada una de la documentación que respalda a las partes. Con esta audiencia se ha cumplido el trámite de ley y esperamos resolver según los tiempos”, afirmó Campos.
En los últimos días Enel podría reanudar la querella ante el CIADI al considerar que el precio de sus acciones en LaGeo no fue acorde con el valor real de mercado, sobre todo porque fue muy inferior al valúo con el que se acusó a varios exfuncionarios de la CEL en un caso que aún sigue en los tribunales y que está considerado en el acuerdo marco.
Los abogados de la CEL presentes en la audiencia le cuestionaron a Valiente que realizara dos solicitudes de información, aunque fue el mismo IAIP que le recomendó al exdiputado que volviera a a la autónoma a solicitar los archivos para poder presentar reclamos ante el Instituto por razones de procedimientos y plazos correspondientes.
Valiente espera que si se ordena abrir los expedientes, la CEL no acuda a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para frenar la medida.