Muyshondt: presidente de CEL podría ser procesado por negociación con Enel

Abogado dice que si el trato original con Enel fue ilícito como se alega, por el acuerdo con la firma en diciembre, el funcionario se expone a ser procesado por receptación, peculado o negociaciones ilícitas

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El presidente de CEL, David López (centro), y el secretario Jurídico de la Presidencia, Rubén Alvarado (Izq.), participaron en negociaciones con Enel para la compra de las acciones en LaGeo. Foto EDH / FGR

Por David Marroquín sucesos@eldiariodehoy.com

2015-05-07 7:00:00

“Si ellos (autoridades de CEL) insisten en que las acciones adquiridas originalmente por Enel fueron producto de un ilícito, están cometiendo un ilícito al comprarlas con fondos del Estado…”. Así lo sostiene el abogado Arturo Muyshondt, para sustentar que también las autoridades de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), incluyendo a su presidente David López Villafuerte, deberían ser procesadas por haber adquirido acciones que se supone se obtuvieron de forma ilícita.

Muyshondt se refiere a la posición de CEL de negarse a cumplir el acuerdo al que llegó con la firma Enel Green Power para zanjar el litigio que mantenían, argumentando que la negociación original con Enel fue ilícita. Bajo estas imputaciones fueron procesados nueve exfuncionarios ligados al contrato que se firmó originalmente con la firma italiana en 2002.

La reacción del abogado se produce un día después que el Juzgado Séptimo de Instrucción ordenara que nueve exfuncionarios ligados a la primera negociación con Enel sean llevados a juicio y que deben responder por daños y perjuicios.

Para Muyshondt, también López y los directivos actuales de CEL “deberían de ser procesados por los delitos que hayan cometido” en la última negociación con Enel, entre ellos receptación (compraventa de bienes ilícitos), peculado (desvío de bienes públicos) o negociaciones ilícitas. “Si desde luego de que están hablando de peculado –porque según ellos las acciones fueron adquiridas originalmente de manera ilícita–, entonces el haber adquirido ahora esas acciones, ellos entonces están cometiendo el delito de receptación”, explicó el abogado, quien en el proceso defiende al exministro de Economía, Miguel Lacayo.

Muyshondt sostuvo además que podrían haber incurrido en el delito de peculado por haber pagado 287 millones de dólares que eran fondos públicos para la compra de las acciones a Enel, cuando ellos mismos aseguran que se adquirieron ilegalmente.

Durante la audiencia preliminar en el Juzgado Séptimo de Instrucción, López Villafuerte dijo que lo único que habían hecho era haber recuperado los recursos que pertenecían a CEL, aunque no supo explicar el porqué comprarle las acciones a Enel cuando ellos aseguraron que el contrato con Enel se realizó dentro de un proceso ilegal.

“La parte penal y la parte civil están separadas, la parte comercial que estaba marcada sobre la parte civil se ha resuelto, con respecto a Enel que compró los bienes”, dijo López en esa oportunidad.

“Nosotros hicimos la parte comercial porque como INE y con Enel se pudo hacer eso, se hizo dentro del marco jurídico, nada lo hicimos que no fuera de la ley”, afirmó.

Sin embargo, Muyshondt aseguró que todos los que participaron en las negociaciones con Enel para la compra de las acciones deberían ser procesados y la Fiscalía debería promover ese juicio.

Según el abogado, las implicaciones judiciales podrían alcanzar, además de López Villafuerte, al Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia, Rubén Alvarado, y al Fiscal General, Luis Martínez, quienes participaron en las negociaciones con los ejecutivos de Enel en diciembre.

La CEL ha insistido en que los exfuncionarios de la autónoma y el exministro Lacayo hicieron negociaciones ilegales para favorecer a la empresa italiana Enel Green Power con el propósito de que se apropiara del 36 por ciento de las acciones de la compañía pública privada LaGeo, creada precisamente para la explotación de energía geotérmica.

Sin embargo, en diciembre pasado, esas mismas autoridades que señalan que ese proceso de adquisición de las acciones de LaGeo por parte de la firma italiana no fue apegado a la ley, participaron de las negociaciones que terminaron con el litigio internacional de Enel con el Estado salvadoreño al llegar a un acuerdo de comprarle las acciones a a la referida empresa por $287 millones.

Además, López firmó dos finiquitos en representación de CEL y de INE a favor de Enel en el que se comprometían a no perseguir penal ni civil a su contraparte, en este caso Enel y el resto de procesados, según Muyshondt.