Desde 2006, e l año en que el TLC entre EE. UU. y C.A. entró en vigencia, cuatro demandas de inconstitucionalidad fueron presentadas contra el convenio. Pese a la oposición del FMLN, sindicatos y organizaciones, el sector industrial cree que el debate ya está cerrado.
Una de las demandas más antiguas fue presentada por la cúpula del FMLN, entre los firmantes del documento figura el ahora presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y el canciller Hugo Martínez.
Entre otras cosas, criticaron que la aprobación del acuerdo comercial no se hizo con el proceso debido y fue apresurado. Sin embargo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) estimó que no brindaron suficiente información para respaldar su argumento.
Aún ahora la fracción legislativa del FMLN mantiene su postura contra el también llamado TLC.
La diputada Jackeline Rivera expresó sentirse descontenta con la resolución que avala la legalidad de ese acuerdo comercial.
Por su parte el economista y ex diputado del FMLN, Salvador Arias, expresó recientemente que el acuerdo comercial no alcanzó los beneficios esperados, pues las importaciones desde Estados Unidos han crecido más que las exportaciones. Es decir, compramos más de lo que vendemos. En un foro sobre desarrollo económico, Arias dijo que solo eso era motivo suficiente para revisar el acuerdo comercial.
Javier Simán, presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), respondió que en todo caso esa situación no es causada por el TLC, sino que en general El Salvador importa más que lo que exporta.
Al reaccionar a la resolución de la CSJ, Simán dijo que las importaciones hechas dentro del TLC con Estados Unidos son beneficiosas. Permiten obtener productos a un menor costo. En el caso de la materia prima, permite fortalecer a las empresas locales y dar facilidad a sus exportaciones.
“Esto contribuye porque desestima cualquier argumentación que se tenía sobre el CAFTA”, dijo Simán.
Con ello se refirió a las 137 páginas publicadas por la corte. En ellas los magistrados de la Sala de lo Constitucional explican su razonamiento para aceptar, desestimar o dejar fuera las diferentes demandas contra el tratado comercial. 21 motivos de demanda fueron analizados y de ellos solo dos fueron aceptados como inconstitucionalidades. Con ello la gremial espera que quede claro que el tratado beneficia al país.
“Oponerse al CAFTA es oponerse a la inversión y al empleo”, concluyó Javier Simán.