SANTA ANA. Quince días han pasado desde que el alcalde Mario Moreira asumió como nuevo gobernante local. Sin embargo, a la fecha, poco o nada ha podido hacer por la ciudad debido a que el antiguo edil Alfredo Peñate, y el que fue su concejo municipal blindó las jefaturas de la alcaldía.
Es así que ninguno de los nuevos jefes ha podido tomar posesión de sus cargos para comenzar a trabajar en pro de la ciudad.
Ayer, el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Alcaldía de Santa Ana (Sitramsa) inició una suspensión de labores como medida de protesta exigiendo a los actuales concejales del FMLN dejar gobernar al alcalde que fue escogido en elección popular.
“No hay ninguna jefatura que pueda dar una firma en ningún documento, porque no hay jefaturas”, lamentó José Armando Pais, de Sitramsa.
El síndico municipal, Fernando Rauda, explicó que aún no toman posesión de esas jefaturas porque están respetando aspectos jurídicos y de normativa procesal para proceder. Sin embargo, adelantó que la incorporación de estos empleados fue de manera ilegal.
Agregó que ya interpusieron la denuncia ante la Corte de Cuentas para que comiencen una investigación y se proceda a anular esas plazas que fueron entregadas a los empleados de manera fraudulenta.
Más movimientos
Rauda explicó que desde el lunes 4 de mayo que iniciaron labores, encontraron un buen grupo de empleados que no atendían los lineamientos y disposiciones de Moreira.
Ante ello y luego de un compás de espera, decidieron realizar algunos movimientos internos apegados a la ley. Fue así como los empleados de desarrollo comunal y del centro de monitoreo fueron distribuidos en otras áreas. “No les hemos bajado el salario, la categoría la mantienen”, dijo.
Explicó que en el caso de este último departamento, constataron que los empleados que laboraban de noche llegaban a dormir y no a ejercer el trabajo para el cual habían sido contratados.
“Eso no es idoneidad en el puesto. Nos vimos en la necesidad a que esta gente en vez de venir a dormir al trabajo, viniera a trabajar; y si nosotros teníamos que trasladarlos lo hicimos en apego a la ley”, acotó Rauda.