Exigen límites claros a ley de responsabilidad fiscal

Analistas explican que ley convierte límites en metas, permitiendo al Estado seguir endeudándose

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La ley de responsabilidad fiscal sigue en discusión en la Asamblea Legislativa, misma que aprueba los créditos. foto edh /

Por Pedro Carlos Mancía negocios@eldiariodehoy.com

2015-05-10 10:00:00

La deuda pública ha venido creciendo sistemáticamente en los últimos años; esta se ha venido extendiendo debido a la falta de políticas fiscales eficientes, motivo por el cual diversas gremiales exigen que se apruebe una ley de responsabilidad fiscal que ayude a regular los compromisos financieros del Estado, logrando así la sostenibilidad e las finanzas públicas.

En un comunicado emitido por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) pide que se apruebe una ley que “establezca límites claros a los compromisos financieros que el gobierno puede adquirir en nombre de los salvadoreños, independientemente del destino que se dé a los préstamos, bonos o cualesquiera otras especies de deuda soberana (…) a fin de evitar que el endeudamiento público se incremente indefinidamente y desequilibre las finanzas del Estado”.

Rafael Lemus, analista económico, explicó que debe existir una ley de responsabilidad fiscal que obligue al gobierno a manejar sus finanzas de forma responsable. Sin embargo, considera que la actual ley diseñada en la Comisión de Hacienda en la Asamblea Legislativa posee carencias que no la vuelven regulatoria.

Principalmente, este es un proyecto de ley en que “los límites se transforman en metas, y cuando eso pasa le quita el carácter de obligatorio, las leyes tienen la función de prohibir o autorizar y, en este caso, para metas no se necesita de una ley”, aseguró Lemus.

Añadió que “las metas se plasman en un plan de gobierno, todos los años se las pone Hacienda, pero para esto no se necesita una ley (…), la ley la necesita el país para empujar a la disciplina fiscal a un gobierno que lo hace por su propia gestión”.

Aún más preocupante es que la misma ley las establece como “metas indicativas”, de acuerdo con Lemus, esto implica que se está buscando activar una normativa que no le obliga a nada al gobierno.

Lemus establece que para esta normativa “no se va a contemplar egresos ni cuentas de pensiones”. Esto, indicó, es una deformación total en el proyecto y es que todos los flujos de pago de pensiones y la deuda de pensiones quedan eliminadas de las cuentas fiscales. Esto significa que las pensiones no serán consideradas al momento de hacer las cuentas del fisco.

“La ley se deforma para convertirse en un instrumento que legitima no ser transparente en las cuentas fiscales, no empuja la disciplina fiscal, no tiene límites, no regula la deuda de corto plazo y, además, la aprovecha para ocultar el tema de pensiones y los flujos de gastos”, concluyó.

Por su parte, el economista, Rigoberto Monge expresó que la ley tiene una urgencia para ser aprobada “con términos y criterios muy claramente definidos”. De esta forma, la ley efectivamente entrará a cumplir los objetivos que posee. Para Monge no sólo debe promoverse la responsabilidad fiscal, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas “de tal manera que tanto los temas del gasto como los temas de la inversión pública, ingresos y endeudamiento deben quedar claramente definidos como criterios”.

En cuanto a la importancia de la legislación, Lemus considera que existe una urgencia del país en aplicar una regulación en las finanzas del gobierno, considerando que se ha visto un endeudamiento creciente desde el 2009 hasta la fecha. “Lo que sucede es que el país ha estado en una dinámica de desorden fiscal, el gobierno gasta más y lo hace a base de más impuestos o deuda, pero esa dinámica, es una economía que crece lento o está estancada no es sostenible”, aseveró Lemus.

Asimismo, aseguró que por cada año que no se resuelva el problema del déficit fiscal y el continuo endeudamiento, lo que el país está alcanzando es llegar a una crisis fiscal. Para Lemus, esta es una “indisciplina fiscal” que no termina bien ya que no es algo que se corrige en el tiempo.

En el caso de la Camarasal, representantes de la gremial afirmaron: “Consideramos que mientras no se establezcan techos legales a la deuda pública, nunca se logrará detener la espiral de endeudamiento que mantiene las finanzas del Estado en constante desequilibrio y que frena la capacidad de crecimiento económico del país”.

Actualmente, la deuda pública total supera el 60 % del Producto Interno Bruto (PIB), es decir 15,000 millones de dólares; motivo principal de la “baja calificación de riesgo soberano dada al país por parte de las calificadoras internacionales, lo que vuelve imperioso que la adquisición de nueva deuda sea condicionada al cumplimiento de requisitos de responsabilidad fiscal por parte de las distintas dependencias estatales.

La Camarasal concluyó que dicho proyecto se debe aprobar con los “candados legales suficientes para prevenir que futuros compromisos financieros por parte del Gobierno pongan en peligro la estabilidad financiera del Estado y de la economía en su conjunto. Dicha ley también debe contemplar acciones legales para el funcionario que infrinja su contenido”, concluyó.