Por invitación del Centro Carter asistí como facilitador a un taller celebrado en Caracas, en el que participaron diferentes organizaciones de la sociedad civil venezolana interesadas en la promoción de los derechos políticos, la transparencia, el acceso a la información pública y el fortalecimiento del proceso democrático. El propósito de la actividad era el de revisar los mecanismos de incidencia utilizados por los movimientos ciudadanos salvadoreños en el debate, la aprobación y la implementación de las reformas electorales a partir del acuerdo de paz.
Cuando se visita Venezuela y se conversa con la gente, los problemas parecen acentuarse y adoptan una dimensión aún más compleja de la que se conoce fuera de sus fronteras. Ciertamente a nivel internacional se denuncia la violación a la libertad de expresión, la persecución política, la ausencia de instituciones independientes, la extrema polarización y las dificultades que enfrentan los ciudadanos ante el desabastecimiento de productos básicos, la inseguridad y la crisis económica.
Sin embargo, el debate sobre la falta de garantías electorales que impide la celebración de comicios equitativos, transparentes, competitivos y justos es prácticamente inexistente. La discusión se reduce a un círculo muy limitado en el que participan algunas de las entidades civiles, los partidos políticos y muy pocos analistas nacionales y extranjeros. La ciudadanía no reclama con la firmeza necesaria el cese de las condiciones desiguales a las que se enfrentan los partidos que participan en las competencias electorales.
La “herencia chavista”, transmitida a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, aseguró una serie de prerrogativas a favor del partido oficial muy difíciles de eliminar. La integración del Consejo Nacional Electoral (CNE), la discrecionalidad de esta entidad en aspectos como la fijación de la fecha de los comicios y el establecimiento del número de diputados que integran cada circunscripción electoral, dificultan, si no es que imposibilitan por completo la alternancia política en el país suramericano. Un ejemplo muy claro de las arbitrariedades señaladas es que a seis meses de finalizar sus funciones la actual Asamblea Nacional, el CNE aún no establece el día en el que se realizarán las elecciones parlamentarias.
Se trata de un sistema en el que existe una regulación legal en materia de campañas electorales, que si bien muestra deficiencias importantes, es lo suficientemente rigurosa como para evitar el “ventajismo”. Este último se presenta cuando se utilizan los recursos del Estado en beneficio del partido oficial. Lamentablemente el árbitro electoral, cuya integración favorece los intereses del gobierno, no vigila el estricto cumplimiento de la ley ni sanciona su inobservancia cuando los infractores son los candidatos de línea “chavista” y/o “madurista”.
En la Constitución se establece la prohibición de financiamiento público para los partidos. Esta sola restricción complica la participación de la oposición política en las elecciones. Por el contrario, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por el que compite el oficialismo, utiliza dinero público para pagar los gastos de la campaña electoral. Además de la televisión pública, el presidente se sirve de las cadenas nacionales para respaldar las opciones electorales afines a su administración. Tampoco existe restricción alguna para publicar inauguraciones de obras de infraestructura nacional u otros servicios que pueden influir en la voluntad del votante. En otros sistemas se regula con claridad el plazo durante el cual no es posible realizar propaganda de esas acciones con anticipación a las elecciones. El caso salvadoreño es uno de ellos.
Todas estas circunstancias han motivado a destacadas organizaciones civiles de Venezuela para exigir algunas garantías en el próximo evento electoral: el regreso de la observación internacional, la auditoría internacional del Registro Electoral, la prohibición de cadenas y de publicidad gubernamental durante la campaña electoral, el acceso equitativo a los medios de comunicación, una nuevo CNE, la transparencia en la definición del número de diputados y de circunscripciones electorales, una campaña publicitaria del CNE sobre el secreto del voto y los delitos electorales, la posibilidad que las ONG puedan transmitir mensajes que promuevan la participación durante la campaña, la privacidad total del acto de votación, la transmisión de resultados en tiempo real, las auditorías de los “capta huellas” y su difusión pública.
La experiencia venezolana nos advierte que es muy fácil deteriorar la calidad de la democracia cuando se impide la celebración de elecciones limpias y justas. También nos previene sobre el riesgo que representa la concentración de poder por parte del partido oficial y la ausencia de una sociedad civil que reclame frontalmente el respeto al Estado de Derecho. Por ello debemos valorar y proteger la existencia en El Salvador de una justicia constitucional firme, eficaz y oportuna, la participación activa de los ciudadanos en la defensa de la democracia y la presencia de medios libres e independientes.
*Columnista de El Diario de Hoy.