SANTA ANA. Un total de 42 familias de escasos recursos económicos residentes en las comunidades Amayito y Realidad, del cantón Cutumay Camones, Santa Ana, recibieron ayer las escrituras de sus casas, algunas aún en construcción, por parte del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano.
Los beneficiados tenían más de 20 años de vivir a la orilla de la línea férrea en viviendas de adobe y lámina que se les cayeron con los terremotos de 2001, pero ahora tienen seguridad jurídica sobre la propiedad del terreno, explicaron representantes de dicho Viceministerio.
Las 42 viviendas forman parte de un total de 70, que están siendo construidas, desde marzo de este año, con fondos provenientes de un crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto finalizará en agosto próximo.
La dependencia gubernamental informó que tanto en la legalización de los terrenos como en la construcción de las casas se invierte $428,445.08, condicionados por el BID para el Programa de Vivienda Fase II.
Solo en la edificación de las viviendas permanentes el financiamiento del BID es de $409,545.08. Cada unidad habitacional tendrá un área de construcción de 36.40 metros cuadrados, paredes de bloque de concreto y techo de lámina.
En la legalización de sus terrenos cada familia fue subsidiada con $450, que cubrió pagos de derechos de registros y aranceles de catastro ante el Centro Nacional de Registro (CNR), indicaron los voceros.
El haber vivido en terrenos usurpados a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y, por lo tanto, sin certeza jurídica sobre los mismos, además de ser damnificados de los terremotos de 2001, y estar en situación de riesgo, les valió para que se agilizara la legalización de sus propiedades y que se les construyeran sus viviendas, según la entidad de gobierno.
El Viceministerio también anunció que junto al Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP) y el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) trabajan paralelamente en el proceso de legalización de propiedades de 100 familias, que también residen en situación de riesgo y en terrenos de la CEPA en la comunidad La Dalia, siempre en Santa Ana, a quienes les entregarán escrituras este mes.