En la salida al caso CEL-Enel que se desarrolla en contra de ocho implicados en el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador es fundamental que la Fiscalía General de la República (FGR) reconozca, según el dictamen de la Jueza de Paz, Evelyn Jiménez, que CEL no se puede desvincular del Acuerdo Marco con la firma italiana debido a que existió participación en todo el proceso por parte del presidente de la autónoma, David López Villafuerte.
Esto implicaría aceptar varios aspectos del Acuerdo Marco donde se plasmó, antes de cerrar la compraventa de acciones de Enel en LaGeo por parte la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), a través de Inversiones Energéticas S.A. de C.V. (INE) , que se extinguiría de manera “definitiva e irrevocable” la acción civil de los delitos que se procesan en el Juzgado Séptimo de Paz (ya realizado) y Séptimo de Instrucción, donde los exfuncionarios acusados están actualmente en la etapa de juicio acusados de peculado.
De este modo, en el planteamiento presentado ante la jueza por parte de la representación fiscal, Naida Valenzuela, enfatizó en que López Villafuerte, además de representar a la CEL, se desempeñó en toda la negociación del Acuerdo Marco como el presidente de INE y que por ello “tuvo una participación activa en las negociaciones con Enel”.
Acá la jueza determinó que no existen pruebas que posibiliten definir algún tipo de oposición dentro de las negociaciones del Acuerdo por parte del presidente de INE, en calidad “ad-honorem”.
“No hay elementos de prueba que permitan inferir la oposición que en el momento de la negociación hubiera mostrado David López Villafuerte en cuanto a que el señor Fiscal General de la República suscribiera el Acuerdo Marco entre las partes” afirma la jueza en su resolución, para luego agregar que se avaló “de forma tácita” el arreglo.
Se debe de recordar que la semana pasada Jiménez decretó sobreseimiento definitivo y extinción de las responsabilidades civiles contra otros nueve implicados a petición de la FGR, acusados por peculado bajo la figura de cómplice necesario en perjuicio de la administración pública y las finanzas del Estado.
Esta acción se basó en el Acuerdo Marco, por lo que la defensa de los ocho ex funcionarios de la CEL en el caso que se procesa en el Tribunal Séptimo de Instrucción espera que se resuelva bajo el argumento de este documento, aunque López Villafuerte ha insistido que espera que los acusados paguen “al menos” los $287.6 millones que desembolsó CEL, a través de INE, para recuperar las acciones que tenía Enel en LaGeo, una subsidiaria del la autónoma.
La autónoma ha insistido que este fue un acuerdo entre el Estado y Enel y tanto esa empresa paraestatal como su afiliada INE “se reservan el derecho” de promover un reclamo civil contra los acusados, cuya defensa alega que no se les ha podido probar delito a un año del proceso.
El pasado 6 de mayo el Juez Séptimo de Instrucción, Miguel Argüello, decidió que deben de ir a juicio el exministro de Economía Miguel Lacayo y siete exdirectivos de la CEL: Guillermo Sol Bang, Jorge Simán, Pedro Escalón, Julio Olano, Carlos Chavarría, Thomas Hawk y José Palomo.
Argüello sobreseyó definitivamente al noveno imputado, José Vicente Machado Calderón, exrepresentante de Enel, quien estaba acusado como cómplice necesario para cometer el delito de peculado.
Asimismo, el juez rechazó el argumento de la defensa de que se tenía que tomar en cuenta el nuevo escenario del Acuerdo Marco, algo que sí se consideró en el caso del Tribunal de Paz.
Incluso Argüello indicó que como solo CEL tenía la potestad de solicitar la exoneración de la responsabilidad civil a los imputados y CEL solo la solicitó la de Machado, exrepresentante de Enel en El Salvador.
Años buscando un salida
A finales de 2014 en Washington D.C., el Gobierno salvadoreño, a través de la Fiscalía General (FGR) y la empresa italiana, llegóa un acuerdo en el litigio por la composición accionaria en la sociedad LaGeo.
En dicho acuerdo, el titular de la FGR, Luis Martínez, habría aceptado el sobreseimiento de diez implicados en el caso y dos de ellos con responsabilidad civil subsidiaria.
De acuerdo a los representantes de la CEL, Martínez no recibió mandato alguno para renunciar a la acción penal en contra de los nueve implicados que llevan su caso ante el Juzgado Séptimo de Instrucción.
Se debe de recordar que Enel acudió al Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) para buscar protección contra el embargo de cerca de $2,000 millones que le aplicó un tribunal local por supuestos daños al Estado.
Por ello se podría reiniciar el proceso ante este tribunal internacional, aunado a que está por vencer el plazo definido en el Acuerdo Marco para decretar sobreseimiento.