El acuerdo alcanzado en diciembre pasado entre la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la empresa italiana Enel Green Power, que culminó con la compra de las acciones de esta última en la compañía LaGeo, llevó ayer al abogado José Rodrigo Aguilar a retirar la demanda que había interpuesto en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Como es el arreglo realizado entre el tercero beneficiado Enel Green Power y las autoridades salvadoreñas, acto que es notorio y público, lo cual considero que es beneficioso de los intereses de la nación , y es procedente dejar de continuar con el juicio”, señala el abogado en su petición.
En ese sentido, Aguilar pidió a la Sala de lo Contencioso Administrativo que archive el proceso que había promovido en contra de la autónoma CEL, porque esta institución ya recuperó los activos y acciones que le había traspasado a Enel.
En pocas palabras, para Aguilar ya no tiene sentido seguir litigando un caso que fue superado mediante un arreglo negociado y suscrito en diciembre por el presidente de la CEL, David López Villafuerte, y el representante de Enel, Nichola Melchiotti, bajo la supervisión de la Fiscalía General de la República.
“Yo promoví en 2013 una demanda contencioso administrativa contra el acto de CEL por haberle vendido activos y acciones a la empresa italiana”, dijo Aguilar.
La demanda presentada por Aguilar iba en el sentido de que la referida Sala declarara nulo todo el proceso en el cual CEL permitió que Enel Green Power se convirtiera en su socio estratégico para la explotación de energía geotérmica a través del asocio público LaGeo.
Según Aguilar, la Sala de lo Contencioso le admitió la demanda y además ordenó que “se suspendiera el traspaso de las acciones por parte de CEL a Enel Green Power y eso congeló todo ese proceso”.
Debido a que el acuerdo logrado por CEL y Enel, en diciembre pasado, le permitió a la autónoma comprarle a la firma italiana el 36 por ciento de las acciones que tenía en LaGeo, considera Aguilar que la demanda administrativa ya no tiene sentido porque el Estado ya recuperó los recursos y además porque “hasta puede complicar el arreglo al que han llegado en el CIADI (Centro de Arreglo de Disputas del Banco Mundial) en Washington”.
Aguilar en su demanda aseguraba que se había cometido un supuesto “fraude de ley” porque el acuerdo entre CEL y Enel para convertir a la firma italiana en el socio estratégico para la explotación de la energía geotérmica sobrepasó la aprobación que tuvo que haber hecho la Asamblea.
Consideró que con el acuerdo logrado entre CEL y Enel, el Estado salvadoreño resultó ser el ganador, porque pudo recuperar los activos y acciones y además porque la firma italiana siempre ha resultado ganadora en los litigios que ha promovido a nivel internacional.
Aguilar aclaró que la desestimación de la demanda contencioso administrativo no tiene nada que ver ni tiene ninguna consecuencia con el proceso penal y con la responsabilidad civil que reclama CEL a ocho personas que serán juzgadas en un Tribunal de Sentencia.
“Yo no tengo nada que ver, ni siquiera puedo emitir un juicio de las personas que están siendo juzgadas penalmente, tampoco puedo decir si son culpables o no, eso será el Juzgado competente”, dijo el abogado.