SANTA ANA. Luego de contar con las pruebas suficientes para demostrar que el acuerdo que tomaron las autoridades del período anterior bajo la bandera del FMLN es ilegal, el actual concejo dejó sin efecto el “blindaje” de las jefaturas y gerencias para que el actual gobierno municipal ponga a su gente de confianza en esos puestos.
El acuerdo fue tomado el jueves 21 de mayo, durante la reunión del concejo pluralista, donde los únicos que no estuvieron de acuerdo con la medida fueron los que representan al partido del FMLN.
Esto, pese a que entre ellos hay dos abogados de profesión y que al final, no votaron, pero tampoco refutaron los argumentos.
Los detalles
El síndico municipal, Fernando Rauda, explicó que la decisión no es antojadiza.
Es más, les tomó 20 días poder investigar y documentarse para actuar bajo el marco de la ley.
Agregó que el acta donde “blindaron” aproximadamente 40 plazas, data del 23 de diciembre de 2014, donde estipularon que la decisión fue tomada por unanimidad, pero “cuando usted revisa este acuerdo, solo hay siete firmas y deberían de haber ocho firmas de propietarios. Pero de esas siete firmas, dos son suplentes. Es decir que ese acuerdo que tomó la administración pasada nunca tuvo validez”.
Si esa situación es grave, es mucho peor el hecho de que se desconoce si esa acta está asentada en el libro correspondiente, ya que este no se encuentra en la alcaldía.
“Ellos (los del FMLN) se lo llevaron de la alcaldía municipal; y hasta hace unos tres o cuatro días vienen y dicen: miren, aquí tenemos el libro, lo vamos a entregar”, dijo Rauda.
Sin embargo, este no fue admitido por el actual secretario municipal, Miguel Zaldaña, considerando que pudo haber sido vulnerado.
De hecho, la situación fue notificada a la Fiscalía General de la República para que inicie una investigación y deduzca responsabilidades.
Asimismo, se le informó a la Corte de Cuentas de la República para que intervenga, “porque para que yo incorpore a alguien a la ley o le prorrogue un contrato, hay erogación de fondos públicos; y no pueden soltarse los fondos de un acto ilegal”, razonó el síndico municipal.
Un dictamen
Otro aspecto técnico tomado en cuenta por la actual administración para declarar ilegales las contrataciones, es un dictamen emitido, el 4 de abril de 2014, por los asesores de la pasada administración municipal, luego de que el concejo del FMLN pidiera consejo sobre incorporar a las jefaturas y gerencias a la ley.
En este, los asesores unifican criterio y dictaminan que “no hay jefaturas ni gerencias en la administración municipal que no requieren un alto grado de confianza, ya que sobre ellos el honorable concejo municipal y el señor alcalde, depositan la responsabilidad administrativa de cumplir con las metas y objetivos institucionales”, reza literalmente el documento firmado por el exsíndico, Maximiliano Castillo y que es ratificado por Boris Martínez, gerente general; y José Ernesto Carranza, asesor técnico.
Pese a ello, el concejo municipal hizo caso omiso y ocho meses después desobedecieron la recomendación y emitieron el acuerdo antes mencionado.
Por su parte, la directora de comunicaciones de la alcaldía bajo la bandera del FMLN, Karen Figueroa, aseguró que hasta ayer al mediodía no había recibido la notificación oficial del cese de sus labores. Sin embargo, dijo que “si todo se hace conforme a la ley yo no le veo ningún problema”.