Justo cuando está por cumplirse el primer año del segundo gobierno del partido de izquierda FMLN, ahora presidido por Salvador Sánchez Cerén, la violencia criminal se ha disparado a índices de mortalidad sin precedentes en la historia reciente del país, alcanzando un promedio de 22 homicidios por día, de acuerdo con las cifras registradas hasta el 24 de mayo.
Los números anteriores reflejan que este primer período anual de la administración de Sánchez Cerén se convierte en el más violento desde que se puso fin al conflicto armado con la firma de los Acuerdos de Paz.
En este primer año del gobierno de Sánchez Cerén, en el anterior fue vicepresidente de Mauricio Funes, se registraron más de 4,439 homicidios hasta el 24 de mayo, es decir, cuando hacen falta seis días para terminar sus primeros 12 meses de gestión presidencial.
El desaparecimiento de personas, en su mayoría menores y adolescentes, sigue siendo otro de los factores que profundiza aún más la situación de inseguridad que a diario tienen que vivir los salvadoreños. Miles de jóvenes han sido desaparecidos por las pandillas y sus familias aún sufren la ausencia de estos adolescentes. Es muy probable que la mayoría de estos desaparecidos, hayan sido asesinados, según la Policía.
Esto contrasta con el compromiso asumido por Sánchez Cerén, al juramentar como Presidente de la República, de convertir a El Salvador en un país seguro, lo cual no ha sucedido así, porque el crimen y el accionar de las pandillas han recrudecido la violencia.
“Veo un El Salvador donde la vida esté libre de riesgos, donde las ciudades sean espacios seguros de convivencia, donde los ciudadanos se encuentren protegidos. A partir de hoy, me pongo al frente del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, dijo Sánchez Cerén, mientras pronunciaba su primer discurso como Presidente, el 1 de junio del año pasado.
Una ambiciosa visión del presidente Sánchez Cerén que todavía está muy lejos de hacerse realidad cuando se tienen índices de homicidios que se han disparado a niveles sin precedentes y con extorsiones que continúan golpeando no solo el bolsillo de los salvadoreños sino que también de muchas micro y pequeñas empresas.
El Consejo Nacional de la Pequeña Empresa (Conapes) reveló en abril pasado que de siete a 10 pequeñas empresas cierran sus operaciones cada semana debido al cobro de las extorsiones por parte de las pandillas y al clima de inseguridad que se vive en El Salvador. El cierre de estas fuentes de trabajo provocó que decenas de personas quedaran sin empleos, según la gremial.
Incluso, numerosas rutas de buses y microbuses han tenido que paralizar el servicio a los usuarios ante el aumento de las extorsiones que exigen las pandillas. Centenares de familias han tenido que emigrar de donde residían por años ante las amenazas de esos grupos ilegales. Recientemente, el Consejo Noruego de Refugiados reveló que 289 mil salvadoreños se han visto forzados a cambiar de domicilio, en el último año, debido al acoso de las pandillas y del narcotráfico.
La principal gremial empresarial, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), advierte en el documento final del XV Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) que de acuerdo al ritmo en el que va la violencia, este año se convertiría en el más violento de la época de la posguerra.
“ANEP calcula que este año podrá superar los 4,600 asesinatos a razón de una tasa de 75 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, una cifra récord en la historia reciente del país, señala el documento.
Además sostiene que la profundización de la violencia en los primeros cinco meses de este año pareciera ser consecuencia del fin de la tregua.
“Es como si los grupos delincuenciales presionaran para lograr un nuevo acuerdo con el gobierno de turno”, señala la gremial.
Pandillas desafían a la autoridad
Lo grave de todo esto, de acuerdo con la ANEP, es que las pandillas han desafiado a las autoridades policiales y militares con ataques a sus integrantes cuando anda patrullando o cuando están de días libres. Policías, soldados, custodios penitenciarios y hasta vigilantes se han convertido en objetivos de las pandillas.
En el transcurso de este año han asesinado a 23 policías, pero el año pasado, a 39 agentes los asesinaron o murieron en enfrentamientos con los mareros.
A los policías asesinados se le suman siete militares, entre estos un subteniente; y al menos nueve custodios penitenciarios, al ser atacados en sus casas o cuando se dirigían o salían de sus trabajos.
Cuando asumió las riendas del país, Sánchez Cerén recibió el problema de la inseguridad con un promedio de 13 homicidios por día, pero al cabo de un año, ese promedio alcanza los 22 asesinatos diarios en 20 días de mayo.
“Lastimosamente, la administración de Sánchez Cerén pasará a la historia como la Presidencia que en su primer año de gestión llevó a El Salvador a convertirse en el país más violento del mundo”, señala Carlos Ponce, criminólogo y articulista de El Diario de Hoy.
Agrega que “Sánchez Cerén ha cometido los mismos errores que llevaron a Mauricio Funes a estar al frente de gabinetes de seguridad incapaces, cuyo único legado fue heredar instituciones de seguridad endebles, decadentes y corruptas, y una crisis delictual sin precedentes, dominada por estructuras criminales robustas e influyentes”.
Planes sin reducir la violencia
La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico Social (Fusades) señala en su análisis del primer año de gestión presidencial de Sánchez Cerén que los planes y políticas impulsadas por el gobierno no arrojan “resultados efectivos que reduzcan el clima de inseguridad”.
Cuestiona que las autoridades de Seguridad hayan lanzado el modelo de Policía Comunitaria para bajar los homicidios en los municipios más violentos, “sin tener control sobre esos territorios”.
Además resalta el cambio de operatividad de la Policía que se ha traducido en enfrentamientos entre agentes, militares y pandilleros. Señala que la creación de los batallones elites del Ejército y el débil control civil militar podría representar la violación de los derechos humanos. Sin embargo, si esa estrategia funciona entonces habrá un respaldo de la ciudadanía a políticas de mano dura.
Otras de las observaciones que hace Fusades es la “falta de liderazgo en el Órgano Ejecutivo, la duplicidad de funciones e indeterminación de los actores que tienen a su cargo las tareas de seguridad”.
Por su parte, ANEP señala en el documento de ENADE que “la situación actual es el resultado de la acumulación de inadecuadas y equivocadas decisiones de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana”.
“No es justo para las familias que diariamente son víctimas de la violencia y del acoso de los delincuentes, ni para aquellas que están perdiendo día a día a un ser querido, que el país continúe por el camino de la improvisación”, señala ANEP.
Los últimos tres meses se han convertido en los más violentos después del conflicto armado. Marzo registró 485 homicidios, y en 24 días de mayo se habían cometido 466 crímenes, es decir, que en promedio más de 20 personas han sido asesinadas.