La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) en su documento: “El Salvador. Año Político”, reprobó la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la organización y ejecución de las elecciones pasadas para elegir alcaldes y diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y a la Asamblea Legislativa. Señala que al organismo electoral le faltó confiabilidad, diligencia y transparencia, con respecto a anteriores elecciones.
El documento, elaborado por el departamento de estudios políticos (DEP) de Fusades, en el que también hace una reseña del primer año de Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, le dedica un espacio de análisis a los pasados comicios y sus resultados electorales. Así también, a la implementación del novedoso sistema del voto cruzado y su uso por parte de la población votante que acudió a las urnas el pasado 1 de marzo (nota aparte).
Resalta el engorroso camino del proceso electoral, la cadena de deficiencias, errores y actitudes negligentes que culminaron en un proceso eleccionario con un resultado tardío, pues culminó más de dos meses después de las votaciones.
El informe anual de Fusades señala que la implementación del Plan General de Elecciones 2015 (Plagel) fue “impactada por dos acciones concretas”: la aprobación tardía y recorte arbitrario del presupuesto para los comicios por parte del Ministerio de Hacienda y la sentencia de la Sala de lo Constitucional que dio luz verde a la implementación del voto cruzado.
No obstante, buena parte de la responsabilidad en esas deficiencias le son achacadas en el documento de Fusades a los magistrados del TSE.
“Si bien estas variables dificultaron en cierta medida el cumplimiento del cronograma de trabajo establecido por el TSE, la actuación del organismo electoral distó mucho de la confiabilidad, diligencia y transparencia con que anteriormente se habían organizado los comicios y en consecuencia, fueron estas circunstancias y no otras las que provocaron las deficiencias que mostró el reciente evento electoral”, apunta el documento.
Ciertamente, las elecciones pasadas tenían componentes nuevos como el voto cruzado, el voto por rostro para elegir a los diputados al Parlacen, la participación mínima del 30 % de las mujeres en las listas de candidatos y la implementación de los concejos plurales; consecuentemente eso acarreó retos adicionales al TSE, dice Fusades.
Añade que los hechos y datos del proceso eleccionario llevan a concluir que los magistrados retrasaron el cumplimiento del Plagel, “lo cual ocasionó algunos de los problemas que se presentaron en la transmisión y procesamiento de los resultados preliminares y en el escrutino final”, señala el informe de evaluación del DEP.
Reafirma que el fallo sobre el voto cruzado se dictó en noviembre de 2014 cuando el Plagel ya estaba en ejecución. “Sin embargo, la contratación de empresas sin experiencia en el ámbito de la transmisión y procesamiento de datos, la tardía capacitación de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, la débil campaña de educación cívica que mostrara a los ciudadanos las distintas formas de votar, entre otros aspectos, dificultó el conteo de los votos el día de la elección y la transmisión preliminar de los resultados”, apunta el documento.
Agrega que la Asamblea Legislativa también tuvo parte de responsabilidad en las deficiencias para el conteo de votos y asignación de escaños porque no asumió su responsabilidad de legislar al respecto, tal y como se lo ordenó el fallo de la Sala de lo Constitucional, y prefirió delegar esa función al TSE.
Inclusive los diputados emitieron un decreto que estableció que si el organismo electoral no lograba acuerdo unánime, la decisión para el mecanismo de conteo y asignación de escaños podía adoptarse con 3 de los 5 votos de los magistrados del TSE.
“La acción fue criticada duramente por organizaciones y movimientos ciudadanos por violentar el artículo 86 de la Constitución de la República. El texto finalmente fue sancionado por el Presidente en funciones, Óscar Ortiz”, resalta el documento.
Contratación de empresa
Previo a los comicios el organismo electoral realizó dos simulacros de transmisión y procesamiento de datos, en días previos a la elección, pero revelaron fallas de conectividad y de logística, que provocaron la preocupación en organizaciones como Aliados por la Democracia, que demandaron la pronta corrección de los problemas.
En esto tuvo que ver mucho la actuación de los magistrados del TSE que no se ponían de acuerdo sobre cual de las empresas internacionales había que contratar para la transmisión y procesamiento de los datos electorales.
“La decisión de no contratar a una empresa de reconocido prestigio y capacidad tuvo como resultado que 20 empresas, algunas sin experiencia, asumieran esta tarea”, señala Fusades.
Añade que la decisión del TSE de mantener los espacios en blanco en las papeletas de votación para diputados, tras el retiro de la contienda electoral para diputados de los partidos PSP y FPS, “derivó en una ventaja gráfica para los diputados de GANA, FMLN y ARENA en algunos departamentos”.
Escrutinio final
El análisis sobre el proceso eleccionario también recalca en los problemas que se afrontaron en el escrutinio final donde salieron a la luz “graves errores e inconsistencias consignados en las actas”, que propiciaron las denuncias de candidatos, partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil.
Pone de ejemplo las 570 actas de San Salvador que fueran sometidas a reconteo por orden de la Sala.
A lo anterior, se sumaron las denuncias de una “distribución de votos” por parte de FMLN y GANA, dice el tanque de pensamiento.
“El proceso electoral de 2015 dejó en evidencia la necesidad de discutir una reforma electoral integral en la que participen todos los sectores involucrados y en la que pueda analizarse el impacto de los cambios al sistema”, dice Fusades.
Entre los cambios propone separar las funciones administrativas y judiciales del TSE y la ciudadanizacion de las JRV, entre otros.