La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) señaló ayer en un comunicado que la lista de deudores que publicó el Ministerio de Hacienda el 5 de mayo pasado “no cumple con los requisitos legales, afecta el Estado de Derecho, genera incertidumbre y desconfianza y además, confunde a la ciudadanía sobre quienes son verdaderamente deudores del Estado”.
Todos estos aspectos dañan aún más el clima de negocios, que, a juicio del tanque de pensamiento, no mejoró en el primer año de gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
A inicios de mayo, el Ministerio de Hacienda hizo público un listado de empresas que adeudan al fisco, pero cuyos procesos todavía no se han declarado en firme.
A juicio de Fusades, en conclusión, “el documento publicado intencionalmente lleva al lector a un equívoco y revela información confidencial, por lo que podría acarrear consecuencias jurídicas a los funcionarios competentes y al Estado”.
“Estas actuaciones podrían vulnerar derechos fundamentales, como el derecho al honor, privacidad, autodeterminación informativa o a la propiedad, y pueden motivar procesos judiciales en distintos ámbitos contra los funcionarios involucrados, tales como el ejercicio del derecho de rectificación, la exigencia de indemnización de daños y perjuicios en materia civil, o el juzgamiento por el cometimiento de delitos en materia penal”, agrega la posición oficial de la institución.
Además daña el clima de negocios. “Este acontecimiento preocupa puesto que genera inseguridad jurídica y plantea cuestionamientos sobre la indebida utilización de la información confidencial de los contribuyentes por parte de la DGII del Ministerio de Hacienda”.
El caso se ha agravado en los últimos días, pues muchas de las empresas que están en el listado y que solicitaron explicación a Hacienda, recibieron esta semana respuestas de que no tienen calidad de deudores por obligaciones contraídas ante el fisco”, una afirmación que a juicio de la ANEP significa que se retracta de la publicación que ha hecho.
Ante esta afirmación, el Ministerio de Hacienda emitió ayer por la tarde un comunicado aclarando que no se están retractando de la lista que publicó y que las respuestas que se extendieron a los contribuyentes son en atención al derecho de respuesta establecido en la Constitución de la República y las leyes secundarias.
“Las respuestas que se han emitido y que tiene relación con los listados de contribuyentes publicados en su oportunidad en ningún momento expresan o dan a entender que esta Dirección General se retracta o se disculpa por la publicación realizada, ya que no existe ningún motivo para externar esta situación”, expresa el comunicado.
Hacienda agrega que en cada respuesta que se ha enviado se le explica al contribuyente cuál es su situación impositiva y la razón específica de por qué se le incluyó en el listado “demostrando con ello la seriedad y responsabilidad de las actuaciones de esta Dirección General”.
De acuerdo con Fusades, “pagar impuestos conforme a la ley es una obligación de todos los contribuyentes, y si se acredita la existencia de una deuda firme, líquida y exigible, una vez agotados todos los procesos administrativos y judiciales, es una obligación pagar en el plazo correspondiente”.
“No obstante, la publicación del Ministerio de Hacienda afecta la seguridad jurídica y vulnera los derechos de los contribuyentes, por calificar como deudores del Estado a algunas personas que no lo son”, manifestó el comunicado.
Ante lo sucedido, Fusades reiteró que “se requiere un fortalecimiento de la Administración Tributaria para asegurar el debido manejo de la información tributaria, la efectiva recaudación fiscal y el respeto al ordenamiento jurídico en el marco del cumplimiento de los fines del Estado”.