Centroamérica, Panamá y República Dominicana en su conjunto gastan un promedio de $36 mil millones de dólares anuales para combatir la inseguridad, así lo detalla el último Índice de Paz Global 2014, realizado por el Instituto para Economía y Paz, un organismo que hace investigaciones económicas y de otros temas.
El Triángulo Norte: Guatemala, Honduras y El Salvador figuran en una lista de 162 países, como los tres más violentos de la región.
Siendo el número uno el país más pacífico –Islandia– y 162 el más violento, El Salvador ocupa la posición 116, Guatemala la 115 y Honduras la 117.
En cambio, Costa Rica aparece en el puesto 42, siendo considerado el país menos violento de la región, en segundo lugar –de la región– están Nicaragua y Panamá, ambos con el puesto 58.
El Índice de Paz Global se realiza cada año y es hecho con base en 22 indicadores que tienen que ver por ejemplo con la percepción de violencia que tiene la población de esos países, el número de militares y policías que cada nación posee y por supuesto, la cantidad de crímenes violentos que ocurren a diario.
También realizan el índice con base al número de exportaciones e importaciones de cada país y a la inversión extranjera neta que cada nación recibe por año.
El estudio calcula el gasto que cada país realiza para combatir los problemas de inseguridad y violencia, usando también otros estudios alternos que evalúan el crecimiento de las economías de estas naciones.
Y es que una nación violenta, corre graves riesgos de entrar en problemas de recesión económica, alejar la inversión extranjera e incluso hacer migrar la local.
Según Doris de Rivera, gerente de Inteligencia de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, solo en el último trimestre del año, la región en su conjunto recibió un total de $5,020 millones de inversión extranjera neta, según datos del Concejo Monetario Centroamericano.
Sin embargo, de esa cifra, El Salvador apenas obtuvo 274 millones, y Doris de Rivera no duda que la escasa inversión foránea, tenga que ver con los graves problemas de violencia que el país enfrenta.
Costa Rica, por el contrario, que dentro del Índice de Paz Global ocupa la posición 42, fue la nación que más inversión extranjera recibió, un total de $1,887 millones.
Además según el Índice de Paz Global, ese país tuvo un 5.3 % de inversión extranjera neta (porcentaje del Producto Interno Bruto, PIB) en 2014, contra un 2.6 % de El Salvador o un 1.6 % de Guatemala, dos de las naciones más inseguras de América.
Según De Rivera, la inseguridad no solo aleja la inversión extranjera, también le resta competitividad a países como El Salvador, que dependen en gran medida de sus exportaciones, para sostenerse y crecer.
“Si los costos van superando la estructura de gastos de su competencia, pues obviamente van perdiendo competitividad…”, advierte la representante del ASI.
Los costos de operación y fabricación de productos suelen ser más caros en países como el nuestro, y por ende exportarlos también es más costoso.
Además para empresas que su mayor mercado es el nacional, y tienen que distribuir mercancía en ciertas zonas donde entrar ya es un riesgo, hay otros gastos adicionales.
“Hay empresas que ya no pueden entrar a ciertas colonias por el tema de extorsiones o retenes de las maras, y si ingresan tienen que pagar la extorsión y eso ni siquiera pueden justificarse ante Hacienda…”, se queja de Rivera.
Según la gerente de Inteligencia de la ASI, un ambiente de este tipo, también afecta las inversiones futuras de las empresas locales, porque “deben repensar sus ampliaciones y sus nuevas inversiones, dependiendo de cómo marche el rumbo del país”. Incluso algunas optan por cerrar operaciones.
El Índice Global de Competitividad 2015, elaborado por el Foro Económico Mundial, reveló que el país ocupa el puesto 84 en un ranking de 144 países. El Salvador es el tercer país menos competitivo de la región centroamericana, según el ranking. Según los datos del Foro Económico Mundial, el país menos competitivo de la región es Honduras, que está en la posición 100.
Según de Rivera de la ASI, a medida que la inseguridad ha ido creciendo cada vez más, las empresas tienen que gastar más para mantenerse a flote.
“La seguridad perimetral que invierten las empresas de El Salvador no tiene comparativo con ninguno de los otros países, los empresarios salvadoreños deben pagar elementos que tienen que custodiar las instalaciones”, indica la experta.
“Además invierten en tecnología con cámaras de seguridad y circuito cerrado para poder controlar las instalaciones y los contenedores, pagan conboys para cuidar la mercancía desde El Salvador hasta el puerto, por el tema de los asaltos, todos esos costos al final se trasladan al producto que las empresas venden en el mercado nacional o en el extranjero”, explica.
Según cifras de la Federación Panamericana de Seguridad Privada, en la región se invierten más de $1,500 millones anuales para pagar la planilla de más de 200,000 guardias de seguridad.
La mayoría de estos agentes de seguridad privada se concentran en los países del llamado Triángulo del Norte.
Guatemala, el país que más gasta en este rubro, invierte alrededor de $460 millones y en la planilla de 312 empresas registradas oficialmente, se contabilizan alrededor de 100 mil guardas de seguridad.
El Salvador invierte más de $300 millones anuales en el pago de más de 40 mil guardias de seguridad privada y Honduras, considerado el país más violento de la región, invierte casi $200 millones en la seguridad privada.
Por su parte el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, informó durante el Encuentro Nacional de la Empresa Privada, Enade, que las compañías invierten unos $600 millones anuales en contratación de servicios de seguridad privada, lo que supone hasta 10 % de los costos de operación para las diversas industrias en el país y las vuelve menos competitivas.
Estudios hechos por el Consejo de la Pequeña Empresa, Conapes, señalan que solo las micro y pequeñas empresas salvadoreñas gastan entre 300 y 400 millones anuales para combatir la inseguridad.
Estos costos, según su presidente, Ernesto Vilanova se van en pago de guardias de seguridad, instalación de cámaras externas e internas en los negocios y hasta pago de custodios que acompañan a los distribuidores de productos a colonias peligrosas.
Ahogados por extorsiones
Además, las mismas empresas locales están siendo obligadas a cerrar no solo por la inseguridad sino ahogados por los altos costos de las extorsiones que les cobran las pandillas.
De acuerdo con Ernesto Vilanova, presidente de Conapes, de 10 pequeñas empresas al menos siete cierran cada semana, debido a la inseguridad.
Según el empresario, el pago de extorsiones es un fenómeno que ocurre en todo el territorio y que afecta desde micro negocios hasta grandes empresas.
Según Vilanova, el 89 % de los pequeños y medianos empresarios están siendo extorsionados. “Hay 30 mil pequeñas empresas, quizá más, que están pagando extorsión para continuar sobreviviendo en el país… No hay nadie que se salve…”, dice el empresario.
De acuerdo con Conapes, la pequeña empresa paga unos mil millones de dólares anuales en extorsiones a pandilleros y al crimen organizado.
“La extorsión se hizo crónica en el país, es el negocio más fácil que hay, eso es en todo país no hay municipio donde no se esté siendo extorsionado… Ya tenemos el hábito de no denunciar porque vale más la vida, es mejor pagar que morir… Hoy no escatiman esfuerzos para meterle un balazo sino paga. Sino pagan cierran y se van, cambian de lugar, hay empresarios que se han ido a otro lugar y hasta ahí los han seguido”, dice.
El presidente de Conapes ha logrado conocer casos de pequeños empresarios que prácticamente han huido hacia Costa Rica o Nicaragua, curiosamente los dos países considerados más seguros, según el estudio del Instituto para Economía y Paz.
“Estados Unidos, es un destino común, pero conocemos de pequeños comerciantes que se han ido a instalar a Nicaragua, donde hay pocos niveles de violencia”, dice Vilanova.
Guatemala, Honduras y El Salvador por el contrario, han llegado a niveles alarmantes de violencia, que han obligado a millares a migrar, entre ellos muchos niños y adolescentes y a cientos de empresarios a cerrar sus negocios.