Cumplido un año de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, el resultado es un mayor deterioro de las finanzas públicas. Dentro de sus primeros doce meses de mandato, la deuda pública del país se ha incrementado en casi $3 mil millones y superado el 60 % del Producto Interno Bruto (PIB). Según algunos economistas este endeudamiento sin control está deteniendo el desarrollo económico del país .
Hasta marzo de 2015 el Ministerio de Hacienda registraba un saldo de $14,782.6 millones como deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), más obligaciones del Sistema de Pensiones.
Sin embargo, durante las últimas dos semanas de abril esta aumentó ya que la Asamblea Legislativa aprobó, de forma rápida y sin discusión, $1,611 millones en préstamos.
Sumando estos nuevos préstamos a la deuda existente, el endeudamiento representa un 63 % del PIB que registrará este año El Salvador, según estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR).
¿Qué tan grave es subir la deuda arriba del 60 % del PIB? La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) ha expresado que lo negativo no es el número, sino la dependencia del dinero prestado y la imagen que eso da a los prestamistas.
“El problema es qué pasa si un día no nos prestan. Nos derrumbamos. Si uno no mantiene la solidez, está creando una dependencia, cuando se pierde ese recurso, entonces se colapsa”, expresó Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de Fusades.
También hay economistas que señalan que el Gobierno es ineficiente con sus cuentas. Aunque recibe más impuestos, el déficit (diferencia entre ingresos y gastos) se mantiene y se acumula en nueva deuda.
El consultor macroeconómico de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Rommel Rodríguez, explicó que “cuando tenemos grandes necesidades de financiamiento lo que hacemos es recurrir con mucha frecuencia a la emisión de Letes, tenemos un panorama que se va configurando bastante delicado”.
Rodríguez también se refirió a una emisión de bonos, por un valor de $900 millones, que el Gobierno usará para pagar las Letras del Tesoro (Letes). En la práctica eso equivale a pedir un préstamo de largo plazo para pagar la tarjeta de crédito.
Dicha operación ya fue realizada el año pasado, como una forma para que el gobierno de Sánchez Cerén iniciara su gestión con el saldo de Letes “en limpio”.
“En la medida de que vamos haciendo en un plazo menor de tiempo cada vez las emisiones de eurobonos, nos están expresando las dificultades de liquidez en la caja fiscal. Hay un problema de financiamiento que se está agudizando y no han tomado las medidas adecuadas para gestionar mejor las necesidades de gasto y de caja”, explicó Rodríguez.
Ambos economistas coinciden en que depender del dinero prestado es delicado, pues se espera que los precios de las materias primas (o commodities) están por bajar en los mercados internacionales. Entre ellos podrían verse afectados el café y el azúcar.
Por otro lado, Fusades expresó en su último informe de coyuntura económica que el pago de intereses presiona a la economía, aumenta el riesgo país y reduce el atractivo para las inversiones, por temor a una crisis fiscal.
Incluso el economista y ex diputado del FMLN, Salvador Arias, ha reconocido el peligro del alto endeudamiento.
“El servicio de la deuda de El Salvador es terriblemente dañino para el país. Se está pagando más de 750 millones de intereses anuales… El tema de la distracción de recursos para el servicio de la deuda es un factor determinante para la imposibilidad de crecimiento del país”, expresó en un foro de desarrollo, junto a expertos de Funde y Fusades.
De hecho, mientras crece el endeudamiento, el déficit y el pago de intereses, la inversión pública no logra despegar. De los $1,113 millones que el gobierno programó usar en 2014, solo se ejecutaron $626.3 millones. (Ver nota secundaria).
Mientras tanto, el déficit se ha mantenido alrededor de los $900 millones anuales desde 2009.
En ese contexto, políticos y organizaciones sociales han urgido por aprobar una Ley de Responsabilidad Fiscal.
Sin embargo, el economista y asesor legislativo, Rafael Lemus, denunció que el FMLN y GANA intentaron aprobar una normativa en abril que “es una burla… No tiene la fuerza de Ley para que se cumpla”.
La normativa fue relegada para dar prioridad a todos los préstamos que se aprobaron en abril, antes del cambio legislativo.
“Ellos estaban presentando un proyecto que no era una Ley de Responsabilidad Fiscal, sino simplemente una pantalla para decir, cumplimos”, concluyó Lemus.