La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó ayer al Juzgado 5o. de Instrucción que decrete embargo para los 17 implicados en presuntos hechos de corrupción en la construcción del tramo dos del Bulevar Diego de Holguín.
Los fiscales no especificaron los montos de los embargos ni cómo se haría para cada uno de los implicados.
Los abogados defensores de los imputados cuestionaron tal petición aduciendo que la Fiscalía no había individualizado cómo se realizaría.
Édgar Morales Joya, abogado de Roberto Oliva e Ile de Calderón, cuestionó que los fiscales hayan pedido el embargo sin establecer el tipo de participación de los acusados en los delitos atribuidos.
Oliva era el representante legal de la empresa guatemalteca Copreca y de Calderón era la gerente legal del MOP en el 2007.
Agregó que los fiscales debieron indicar quiénes tienen calidad de hechores, cómplices e instigadores para determinar el embargo.
Indicó que lo que pretende la Fiscalía es retener a los imputados para que enfrenten un juicio.
También pidió al tribunal que anule un peritaje realizado en el tramo dos del referido bulevar argumentando que fue hecho por peritos del Ministerio de Obras Públicas.
Cuestionan testigo clave
Con respecto a un “testigo clave” de la Fiscalía en el caso, Morales Joya cuestionó que el Ministerio Público indique que su testimonio sea de referencia, es decir que lo que ha manifestado sobre la participación de los implicados sea por dichos de terceros.
Por ello el abogado dijo que debió ser presentado como un testigo de referencia y no se hizo así.
“La responsabilidad civil no se puede establecer sin individualizar la participación de los acusados y en qué forma supuestamente se han enriquecido”, declaró Joya.
Los imputados son procesados por peculado, actos arbitrarios, falsedad documental, falsedad ideológica, estafa agravada y actos arbitrarios, presuntamente cometidos en la adjudicación, ejecución y supervisión del tramo dos del bulevar Diego de Holguín.
Entre los procesados está el exministro de Obras Públicas, Jorge Nieto.
Los fiscales sostuvieron en la audiencia, ayer, que Nieto tenía la obligación de auditar el uso del dinero durante el tiempo que duró su gestión, pero que con su conducta se favoreció a Copreca para que recibiera fondos del Estado sin dar nada.
Los imputados rechazaron ayer emitir una declaración ante el tribunal.
Para este día está previsto que finalice la audiencia preliminar tras casi dos semanas de actividad.
Para el cierre de la misma el ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, ha solicitado emitir una declaración final, a la que ha pedido que haya medios de comunicación.
Dicha diligencia está programada para las 11:30 de hoy.