LA UNIÓN. Al menos seis familias del barrio La Esperanza, en el municipio de Santa Rosa de Lima, siguen en riesgo por un posible derrumbe, luego que el propietario de un inmueble colindante a sus viviendas terraceó la zona, debilitando el paredón que sostiene sus terrenos.
El temor de las familias fue abordado por EDH en febrero pasado y como consecuencia de ello, las autoridades se acercaron a los afectados y se reunieron en la última semana de ese mes.
A la reunión asistieron la gobernadora Cricia Hernández, el alcalde Jorge Rosales, el delegado de Protección Civil Departamental, representantes de la Policía Nacional Civil, de Derechos Humanos, los afectados y el propietario del terreno, quienes adquirieron compromisos que no se han cumplido.
En el caso de la gobernadora fue llevar expertos del Ministerio de Obras Pública (MOP) para que realizaran estudios técnicos y que dieran las recomendaciones de las obras de mitigación a realizar por parte del propietario.
Mientras que el alcalde Jorge Rosales dijo que estaría dispuesto a pagar los meses de arrendamiento para que las familias afectadas salieran de sus casos mientras se resolviera el problema.
De eso, nada ha ocurrido. Lo único que se ha hecho, pero por parte de los afectados, es que han colocado varios pliegos de lámina y la han clavado en los bordos de tierra como protección en caso de derrumbe.
Los afectados están preocupados ante la llegada del invierno, pues el pavimento de la calle está presentando fisuras y temen que termine de colapsar el paredón de tierra sobre el que están sus casas.
El temor aumenta al ver que ni el propietario del terreno, ni las autoridades han respondido con ayudarles.
Nerys Chacón, uno de los afectados, dice que en la reunión realizada una semana antes de las elecciones con la gobernadora y el alcalde, “solo fueron mentiras·.
Explicó que llegaron personas del MOP, pero solo a ver el lugar y no dijeron nada, mientras que el arrendamiento no se pudo realizar porque las casas cercanas que habían buscado eran muy caras, a criterio del alcalde Rosales, que era quien las pagaría.
Sobre ese punto, el edil Rosales dijo que su compromiso de pagarle el arrendamiento a los afectados no se había logrado porque han querido salir de sus viviendas.
Además, señaló que “la que más se comprometió fue la gobernadora a conseguir los expertos para que hicieran los estudios topográficos, elaboración del diseño de la obra de mitigación y la supervisión y que el dueño tendría que hacer esas medidas, pero hasta la fecha no ha aparecido la gobernadora después que pasó la campaña”.
Se buscó la versión de la gobernadora Hernández, y en la oficina atendió la secretaria Griselda Rodríguez, quien dijo que no estaría hasta la próxima semana.
Por su parte, Obras públicas, a través de la Unidad de Comunicaciones aseguró que el problema es de la municipalidad, que fue la que otorgó el permiso para construir el muro y que esa es la respuesta que le dieron a la gobernadora sobre el tema.
Sobre ese punto, el edil Rosales negó haber otorgado permisos de construcción en la zona.
Juan Girón es el propietario del inmueble y en febrero aceptó haber comenzado la construcción sin el permiso respectivo, y aseguró que cuando las autoridades de Protección Civil Departamental llegaron, el muro tenía un gran avance.