MADRID- Los indicadores sugieren que la crisis comienza a ser historia, pero entre sus víctimas no figuran las grandes agencias de calificación -Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch-, a las que se atribuye parte de la responsabilidad pero cuya supremacía no peligra.
Ello porque está aparcado el proyecto de una agencia europea de rating que pueda plantarles cara.
La hegemonía estadounidense en este campo es absoluta, ya que las tres grandes agencias controlan el 85 % del mercado: S&P, con un 36.7 %; Moody’s, con un 34.5 %, y Fitch, con un 16.2 %.
A la canadiense DBRS le corresponde 1.27 %, y el resto del mercado se reparte entre la veintena de agencias locales de calificación autorizadas a operar en la Unión Europea por la Autoridad Europea de Valores y Mercados.
Entre ellas destacan la alemana Creditreform, la italiana Cerved, la francesa Ellisphere, y la española Axesor, la primera en recibir el visto bueno de la ESMA, puesto que entonces eran los supervisores locales los que concedían autorización.
En 2009 los integrantes del G20 se propusieron someter a las grandes agencias de rating a una entidad reguladora que controlara su funcionamiento para tratar de rebajar la excesiva dependencia del mercado de sus calificaciones.
De garantes de la solvencia y viabilidad del mercado S&P, Moody’s y Fitch pasaron a ser “las que más errores cometieron durante la crisis” causando “tremendos daños colaterales”, tras lo cual salieron “absolutamente indemnes”, en palabras del presidente del BBVA español, Francisco González.
Más que daños colaterales, las grandes agencias generaron terremotos bursátiles y de confianza, hasta el punto de que en 2013 la ESMA las acusó de conflictos de intereses tras detectar “fallos” que comprometían la integridad de las calificaciones.
En concreto, la ESMA advertía de que los analistas no respetaban en todos los casos la confidencialidad de la información de las evaluaciones.
La ESMA constataba casos en los que “se divulgaban futuras acciones de calificación a terceras partes no autorizadas” y que los controles internos no identificaron estas prácticas.
Dos años antes, el entonces presidente de la Comisión Nacional española del Mercado de Valores, Julio Segura, ya había criticado el monopolio de las tres grandes agencias estadounidenses, origen de conflictos de intereses y que podría evitarse si los informes los pagara el mercado y no los propios calificados. —EFE