La Asamblea Legislativa ratificó ayer tres préstamos por un monto de $92.2 millones, dos de ellos para programas de prevención de la violencia y uno para promover el turismo en las zonas costeras del país.
La deuda no contó con los votos de ARENA. La bancada legislativa criticó que la Asamblea Legislativa le ha otorgado al Gobierno suficientes fondos y aún así no ha podido combatir la delincuencia.
ARENA recordó que no se ha cumplido con la elaboración de una Ley de Responsabilidad Fiscal y que, además, el ministro de Seguridad, Benito Lara, no ha sabido dar informe de cómo se han ejecutado otros préstamos, como uno de $71 millones que la Asamblea aprobó el año pasado y que se suponía sería destinado para reconstruir centros penales como el de Izalco, en Sonsonate y la implementación de los brazaletes electrónicos.
La diputada Mariella Peña Pinto, de ARENA, también trajo a cuenta que el Gobierno ha obtenido fondos para otras áreas como Salud y Educación, por más de $140 millones, y que ambas entidades no han cumplido con su ejecución ni con las obras que se plantearon hacer como, por ejemplo, la adquisición de una máquina de cobalto para tratar a personas con cáncer y una lavadora para el hospital de la Zacamil.
La nueva deuda quedó sujeta a que antes se tendría lista la normativa fiscal, un compromiso que también fue adquirido por el PCN y el PDC, pero ayer respaldaron los préstamos bajo el argumento de que uno de ellos que es para seguridad la mayor parte es en calidad de donativo.
Se trata de una deuda de $22.2 millones con KFW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau) Alemania para financiar el proyecto “Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador CONVIVIR”. De acuerdo al dictamen aprobado ayer, de esos fondos 10 millones de euros corresponden al préstamo y 10 millones de euros es el aporte financiero no reembolsable. El plazo del préstamo es para 30 años, que incluye 10 años de periodo de gracia a un interés del 2 %.
La finalidad del dinero es disminuir la violencia a través de la construcción, reparación y equipamiento de infraestructura social para jóvenes y la creación de espacios públicos, así como para el cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación a los mismos. En esta tarea participarán las municipalidades y las comunidades.
En este contrato los municipios beneficiados son: Panchimalco, Aguilares, Nahuizalco, Sonsonate, Colón, Quezaltepeque, Armenia, Santa Ana, Guazapa, San Sebastián Salitrillo, San Miguel, Atiquizaya, y Ciudad Barrios.
El diputado Mario Ponce, del PCN, expresó que el préstamo se vence este mes y que el Gobierno alemán ha informado que si se vencía, tendrían que otorgarlo a otro país que al igual que El Salvador lo necesite. Añadió que el monto a pagar (10 millones de euros) en calidad de deuda, Alemania siempre decide que el país lo invierta en obras sociales.
El segundo préstamo por $45 millones también va dirigido a seguridad a suscribir con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta nueva deuda es un aporte que ha solicitado el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El plazo del contrato de la nueva deuda es para 25 años.
De acuerdo al dictamen para fijar las condiciones del empréstito, una comitiva de diputados de varios partidos viajó a las oficinas del BID en Washington, EE. UU., entre el 18 y el 22 de octubre del año pasado, con el objetivo de ampliar el destino del dinero. Esta nueva deuda tiene tres componentes: consolidar el rol del ministerio de Justicia, prevenir los factores de riesgo asociados a la violencia juvenil y promover la inclusión social y laboral de los jóvenes en riesgo en los municipios beneficiados; así como fortalecer los programas de rehabilitación y reinserción social de la población juvenil.
Francisco Merino, del PCN, declaró ayer, por la tarde, que el acuerdo del partido era apoyar solo dos préstamos para seguridad, pero luego de la visita que hicieron el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, y el secretario de Gobernabilidad, Hato Hasbún a la Asamblea, Lorena Peña, del FMLN, ingresó al pleno para la votación de un préstamo de $25 millones para promover a microempresarios de la zona costera.