La resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha desatado en los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) posturas encontradas de si cumplir o no con la medida cautelar de revisar los paquetes electorales de San Salvador y el mecanismo a utilizar para hacerlo.
Aunque la posición de Julio Olivo, presidente del TSE, es que podrían “inaplicar” la resolución amparándose en que son la máxima autoridad en materia electoral y en lo que dicta la Constitución de la República y el Código Electoral.
“¿Cómo queda ese derecho de vigilancia de los partidos? si nosotros realizamos ese conteo de votos, ¿cómo queda todo el aparataje?, toda la legislación se vendría al traste, si la Sala decide un procedimiento especial todo lo que se ha avanzado después de los Acuerdos de Paz debería ser motivo de preocupación nacional”, aseveró Olivo.
Alegó también que si el TSE no logra consenso para revisar los votos, siempre será legal que los diputados electos el uno de marzo tomen posesión de sus cargos el 1 de mayo y que todas sus actuaciones serán válidas, pues ejemplificó que la Sala ya ha validado las “actuaciones de funcionarios provisionales”.
Además, dijo que aunque hicieran el recuento de votos es “imposible” que lo hagan en el plazo que la CSJ ha fijado, hasta el 21 de abril.
Fernando Argüello Téllez y Guadalupe Medina advierten que si no cumplen con la resolución el fiscal general de la República, Luis Martínez, podría enjuiciarlos. “La desobediencia es castigada penalmente en la Fiscalía General de la República; si no cumplimos, el fiscal general tiene la potestad de iniciarnos un antejuicio”, afirmó Medina.
Y es que ayer los magistrados no pudieron aterrizar en ningún acuerdo, lo único que sí tienen claro es que podrían partir de tres escenarios: el primero sería inaplicar la resolución, una decisión que no es apoyada ni por Argüello Téllez ni por Medina.
La segunda opción sería pedir a la Sala de lo Constitucional una ampliación o aclaraciones de como ejecutar la medida cautelar, ya que a criterio de Argüello Téllez y Miguel Ángel Cardoza la CSJ no definió ciertos detalles.
Sin embargo, Miguel Ángel Cardoza no se quiso casar con ninguna de las alternativas.
Argüello Téllez añadió que la Sala no debió admitir la demanda de los candidatos Josué Alvarado, del PDC, Erving Ortiz, de GANA ni de Óscar García, del PCN, ya que a su criterio lo que ellos argumentan en su recurso de que no se les tomó en cuenta las marcas por preferencia fue subsanado por el TSE.
“Yo creo que había claridad que una cosa es voto y otra es preferencia, a los partidos se les da voto, a los candidatos se les da preferencia, yo no comparto eso pero si acato”, dijo.
El tercer mecanismo es aplicar la resolución, pero esta decisión es la más compleja según lo expresaron Argüello Téllez y Medina, ya que para revisar de nuevo voto por voto el TSE necesita de recursos financieros que podrían andar en un máximo de $1.5 millones a un mínimo de $350 mil, aseveró Argüello Téllez.
Medina abonó que se requiere de toda una preparación logística y, aunque reconoce que con el personal del TSE podrían suplir parte del recurso humano, el factor económico es determinante, algo que podría tener freno entre los magistrados, porque para aprobarlo se necesitan de 4 votos de los funcionarios y dos de ellos se oponen a aplicar la resolución, afirmó.
Además de Olivo este periódico conoció que el magistrado Ulises Rivas también está en contra del reconteo.
Tampoco hay idea de cuántas mesas deberían instalarse para hacer el recuento de votos ni de cuántos miembros deberá tener cada una, en lo que sí coinciden es que el personal que participe deberá ser con experiencia y del TSE.
Medina expresó que el TSE cuenta con 520 personas pero aún así necesitarían de contratar más de forma temporal.
Lamenta que aún logrando 3 votos para hacer el recuento no podrían aplicar la resolución, porque tendrían que aprobar la adquisición de bienes y servicios que requieren de 4 votos de los magistrados, y hasta ayer dos de ellos quieren hacer caso omiso de la medida cautelar de la CSJ, dijo.