El Salvador es el segundo país con la deuda más alta de América Latina, de acuerdo con un informe sobre políticas fiscales elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dado a conocer ayer.
El documento evalúa la evolución de la deuda de 19 países, entre 2002 y 2014, y analiza, además, el gasto en capital del Gobierno, así como la desigualdad de su población y las reformas tributarias que ha implementado para obtener más ingresos.
De acuerdo con el informe, El Salvador alcanzó en 2014 una deuda del 46 % respecto a su Producto Interno Bruto. En la lista solo le antecede Brasil, cuya deuda representa el 62 % de su producción anual.
El promedio de la deuda en el resto de países es de 34.4 % y, según la Cepal, esta cifra se mantuvo estable después de la crisis financiera de 2008 y 2009.
El Salvador es, además, uno de los cinco países que en el lapso de 14 años subió su deuda en vez de reducirla. En 2000 reportaba una deuda del 30 % del PIB, pero en 2014 subió a 46 %. Le acompañan en ese grupo República Dominicana, México, Uruguay y Chile, cuyas deudas estaban entre el 20 y el 30 % del PIB y ahora sobrepasan el 35 % de su PIB. Otros países como Nicaragua y Panamá lograron reducir su deuda significativamente, pasando de ratios de 90 y 70 % hasta lograr deudas de tan solo 36 y 29 % del PIB, respectivamente.
El aumento de la deuda en El Salvador ha sido uno de los temas principales de los economistas en los últimos años. Para tanques de pensamiento como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), la deuda del país ha crecido significativamente desde 2006, cuando el expresidente Antonio Saca aprobó subsidios a través de programas sociales de ayuda financiera a las familias más pobres del país.
Y la deuda creció aún más a partir de 2009 cuando el expresidente Mauricio Funes amplió esos programas sociales en otras áreas del país.
Según la Cepal, una deuda pública sostenible ronda el 40 %, por lo que al hacer una comparación con la deuda de otros países, El Salvador muestra una brecha negativa, que le impide alcanzar esta meta.
A finales de 2014 una delegación del Fondo Monetario Internacional instó al Gobierno a hacer un ajuste de hasta un 3.5 % del PIB en los próximos tres años, para reducir el ratio de su deuda. El Gobierno, sin embargo, ha propuesto un ajuste de 1.5 %, sin contar con el gasto de las pensiones del sistema público, que representan un gasto de 2 %.
El organismo dice también que ese endeudamiento no ha ido acompañado de un mayor gasto de capital, es decir aquel dinero destinado a inversión que le permite al país aumentar sus activos.
A juicio de la Cepal, 14 de 19 países estudiados aumentaron su gasto de capital, menos El Salvador, Uruguay y Guatemala. Otros como México, Costa Rica y Chile aumentaron su gasto en capital, pero en menor proporción.
Tanques de pensamiento como Fusades y la Fundación para el Desarrollo (Funde) han señalado por varios años que el gobierno salvadoreño ha aumentado su deuda pública, pero no para proyectos de inversión, sino para gasto corriente, destinado principalmente a remuneraciones.
Sin embargo, la desigualdad sigue siendo un reto para El Salvador, pues al igual que otros países de la región siguen manteniendo un coeficiente de Gini (que mide la desigualdad en los ingresos) superior al de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), como Alemania, Finlandia o Noruega.
En manos de extranjeros
La deuda salvadoreña también tiene una particularidad: la mayor parte está en manos de acreedores extranjeros.
En Brasil, por ejemplo, a pesar de que su deuda es la más alta de América Latina, la mayor parte (el 95 %) está en manos de brasileños. En Chile y Costa Rica la participación relativa de la deuda pública interna en el total se sitúa alrededor del 80 %.
En El Salvador, según datos del Ministerio de Hacienda, el 58 % de la deuda está en manos de inversionistas extranjeros y otro 32 % en manos de multilaterales.
La Cepal incluye en su análisis una serie de reformas tributarias que los países de América Latina han aprobado en los últimos años, con el fin de aumentar sus ingresos.
Pero, en sus conclusiones finales el organismo señala que es necesario que estas naciones mejoren la eficiencia del uso de los recursos públicos, encaminados a mejorar los servicios públicos de sus ciudadanos, sobre todo en las áreas de salud y educación, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.