MÉXICO. El presidente Enrique Peña Nieto solicitó ayer al órgano anticorrupción de su gobierno que investigue si él, la primera dama o el secretario de Hacienda incurrieron en conflicto de intereses por adquirir inmuebles a empresas que luego obtuvieron contratos públicos millonarios.
Este golpe de efecto lo completó con el nombramiento de un zar anticorrupción, Virgilio Andrade, un alto funcionario vinculado a la esfera económica al que dio rango de secretario (ministro), cartera (Función Pública) un objetivo (investigar al propio presidente y acabar con la corrupción) y a cuya toma de posesión procedió ante las cámaras al finalizar su intervención.
Agregó que la investigación será pública y supervisada por un panel de expertos nacionales e internacionales aún por definir.
Luego pasó a enumerar una batería de ocho medidas, entre las que destacan la obligación de los funcionarios de entregar una declaración de posibles conflictos de interés, que se actualizará anualmente y que contendrá, entre otros, actividad profesional, participación en empresas y deudas propias o del cónyuge o familiares dependientes.
Además se creará una unidad de ética y el establecimiento de nuevos protocolos que regulen el contacto entre funcionarios y particulares y se ampliarán los mecanismos de colaboración con el sector privado, en materia de transparencia y combate a la corrupción. —AGENCIAS