La Iniciativa Social para la Democracia (ISD), junto con ARPAS y el IDHUCA presentaron demanda de inconstitucionalidad por nombramiento del fiscal general de la República, Luis Martínez.
Según el documento presentado a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, “la elección no se fundamentó en razones objetivas que justificaran que el electo contaba con moralidad y competencia notoria para desempeñar el cargo de FGR (fiscal general de la República)”.
Las instancias también argumentan que la Asamblea Legislativa no verificó requisitos de idoneidad, competencia notoria y honorabilidad.
El 4 de diciembre de 2012, con 84 votos, la Asamblea Legislativa eligió a Luis Antonio Martínez como fiscal general.