¿Fusades está inmerso en la organización de la Semana de la Transparencia, ¿qué esperan de esta iniciativa?
El Consorcio va a seguir trabajando durante todo el año, es más, muchas de las cosas que se recomienden en el evento le daremos seguimiento y vamos hacer propuestas muy concretas sobre rendición de cuentas, de transparencia y de lucha contra la corrupción.
¿Y cómo ve Fusades el estado de la transparencia en el país y cómo la afecta casos como la compra de tierras al IPSFA por parte del diputado Reyes?
Fusades propone que tienen que funcionar las instituciones que tienen un rol en esto. Y hay un expediente en la FGR… si se determina que hay sustento para iniciar un delito penal tendrá que realizarse un antejuicio aunque a él le asiste el principio de inocencia. Si se determina responsabilidad se le debe aplicar la ley.
¿Hay otros casos de aparente mal manejo de fondos públicos en la Asamblea y que su presidente sigue sin explicar?
En la Asamblea sí ha habido resistencia a brindar información que debería estar disponible a los ciudadanos, y prueba de ello es el caso de los asesores, de los regalos navideños… y fue que la Sala de lo Constitucional dio la orden para que se diera la información sobre los regalos…
¿Y qué otras resistencia ven?
Preocupa mucho que se acude a la Sala de lo Contencioso (de CSJ) y allí los casos se detienen, es como una salida para obviar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
¿Eso genera opacidad en la gestión pública?
En el Índice de Percepción de Corrupción institucional, en 2013 teníamos 38 puntos, hoy 39, seguimos reprobados. Eso demuestra los grandes retos que tenemos en el país, hay una alta percepción de corrupción. Hay esfuerzos que se han hecho pero falta mucho que hacer y esta resistencia a dar información como en el caso de los regalos, afecta el ambiente de transparencia y rendición de cuentas que debe existir.
Hay otras instancias como Capres que niega datos sobre gasto en publicidad y viajes.
Se ha dicho que Casa Presidencial ha mantenido en reserva información de los viajes del expresidente Funes, se adujo que era por seguridad que se declaraba la reserva pero con un viaje ya realizado no hay un peligro de seguridad. Lamentamos que el actual gobierno mantuvo esa reserva.
¿Preocupa que el Fiscal General no explique sus viajes en jet privado, así como no lo hizo el expresidente Funes?
Tiene que clarificarse, si se ha presentado esa situación.
El Fiscal no lo negó y dijo que hablar de ello era “banal”.
El Fiscal debe transparentar eso, él ha tenido buena actuación en otros aspectos como seguridad ciudadana, pero en este caso debe transparentar al país el uso de estos viajes.
¿Usted habla de retos, qué acciones se deben tomar?
Que exista la voluntad de los titulares de las instituciones de velar porque se cumpla la ley de forma transparente y con mucha objetividad. Desde Fusades hemos planteado una serie de reformas, uno de los temas es el de probidad, tenemos una ley obsoleta que requiere fortalecerse, hay una iniciativa de la sociedad civil con una ley que le da más herramientas a la sección de Probidad. La Corte de Cuentas, un problema que ha tenido es la falta de independencia… y aquí hay propuestas de separar funciones, crear una contraloría separada de un tribunal de cuentas, que los magistrados ya no se elijan con mayoría simple, sino calificada… hay que fortalecer el TEG (pese a reformas) vemos que ha realizado un trabajo muy inefectivo, son muy pocos casos que lleva de oficio… como si en este país no hubieran violaciones a la ética pública. Hay que revisar su integración, ver inclusive con un procedimiento similar al del IAIP con ternas de la sociedad civil.
¿Qué avances tenemos?
Algo positivo es el incremento del presupuesto al IAIP. Allí hay que ver como se fortalece la estabilidad de los oficiales de información porque se ha conocido casos en que los han removido o que ellos actúan con algún temor.
¿Falta mucho que hacer?
Han habido pasos importantes como la LAIP, el reconocimiento de la Sala de lo Constitucional al acceso a la información como derecho fundamental. Otro tema es el financiamiento de los partidos, que no están cumpliendo el fallo de la Sala de los Constitucional porque hay que pedirle autorización al donante revelar la fuente de los recursos. Este tema es fundamental por la importancia que tienen los partidos para la democracia, allí evita el conflicto de interés o que el crimen organizado entre a la política.
¿Les falta convencerse a políticos y funcionarios que la transparencia en su gestión es lo mejor para todos?
Mire, venimos de una cultura del secreto, de una cultura de la opacidad y eso no es de ahorita, eso es desde hace mucho. Y estamos queriendo entrar a una etapa de la transparencia y la rendición de cuentas, que es una ola que viene y que nadie la va a detener, y la sociedad civil está empujando ese tema. De alguna manera, la transparencia y la rendición de cuentas puede incomodar a los gobernantes porque hay un escrutinio de la ciudadanía sobre el trabajo que se está haciendo y en eso se basa la democracia. Y no hay que perder de vista quién es el mandante y quien el mandatario. El mandante somos todos los ciudadanos. Se tiene que gestionar con transparencia y total legalidad quienes administran bienes públicos.
Desde el oficialismo se oye decir: ‘eso no lo exigían a gobiernos anteriores’. ¿Esa ola compromete a futuros gobiernos de cualquier color?
Hay un entramado normativo desde la Constitución, tratados internaciones, leyes secundarias y jurisprudencia que se refieren a la transparencia y rendición de cuentas… Esto los compromete y obliga a todos, inclusive a los ciudadanos porque acá es importante que los ciudadanos exijan rendición de cuentas y acudan a las instituciones cuando vean irregularidades.