La racha de asesinatos contra policías, cometidos en octubre anterior por parte de pandilleros en varios municipios de los departamentos de San Vicente, La Paz y Usulután, ha derivado en que varios policías e investigadores se hayan retirado de la institución policial, según fuentes de esa corporación, que pidieron el anonimato.
El temor llega a tal grado que algunos, que no ven como opción dejar su trabajo, ya sea por renuncia o por abandono de servicio, han optado por pasar su tiempo libre o sus días de licencia, dentro de las mismas instalaciones las que están asignados.
Los puestos policiales de los municipios de Tecoluca, en San Vicente, de Jiquilisco, en Usulután, y de Zacatecoluca, en La Paz, son los que más están experimentando la deserción policial bajo la modalidad de solicitud de permiso temporal, para tratar de llegar a Estados Unidos, según explican las fuentes, a veces con todo y familia.
Pero el temor de los policías en esos sectores no es solo a ser atacados mientras andan con licencia, sino, también, mientras permanecen de servicio en puestos policiales con poco personal.
Varios agentes consultados, mientras estaban de licencia, aseguran que hay puestos, como el de San Carlos Lempa, en los que a veces solo hay dos policías, lo suficiente para cuidar las instalaciones del puesto y relevarse cada ocho horas.
En subdelegaciones como la de Tecoluca, en San Vicente, se comprobó, hace dos semanas, que en la fachada de la subdelegación, los mismos policías han construido trincheras con sacos llenos de arena.
Las pandillas saben al dedillo la vulnerabilidad de cada puesto. Por ejemplo, en el caso de San Carlos Lempa han amenazado con asaltar el puesto cuando solo esté un policía, lo cual es muy frecuente, pues a veces hay tres o cuatro elementos de servicio y cuando dos o tres salen a patrullar o a cubrir alguna emergencia, solo se queda uno cuidando la casa cuartel.
La casa está en una llanura próxima a un cementerio y rodeada de arboledas y matorrales. Para evitar ser vistos desde lejos, los policías apagan todas las luces de la vivienda.
Del puesto de San Carlos Lempa, recién renunció el agente de apellido Monge García. De acuerdo con las fuentes, el policía pidió permiso temporal.
Según allegados a Monge García, recientemente emprendió el viaje junto a dos de sus hijos hacia Estados Unidos, debido a que en el lugar donde vivía, los pandilleros ya lo habían amenazado.
El oficial que vive en la subdelegación
Pero el colmo del problema podría ser que un subinspector, cuya familia vive en una colonia de San Nicolás Lempa, desde hace varias semanas no puede llegar a su vivienda debido a las amenazas de las pandillas.
El oficial es el jefe de la delegación de Tecoluca. Se buscó conversar con él en su lugar de trabajo para conocer su versión, pero sus subalternos dijeron que andaba en la ciudad de San Vicente, en un asunto de trabajo.
Fuentes policiales aseguraron que recién conocido el problema de las amenazas, se ordenó que se patrullara constantemente la colonia y los alrededores de la casa del subinspector, de apellidos Funes Serrano.
Una subinspectora, que hace dos semanas se encontraba en el puesto de San Nicolás Lempa, explicó que no tenía conocimiento de deserciones de policías y del caso del señor Funes Serrano.
La oficial pidió gestionar más información sobre el caso con el oficial de servicio de la delegación de San Vicente.
De acuerdo con las fuentes, casos como el de Funes Serrano son abundantes en puestos policiales de Usulután.
“Hay varios compañeros que no van a sus casas sino que se quedan en sus puestos de trabajo por temor a que, al andar con licencia, los pandilleros cumplan las amenazas”, indicó uno de los agentes, que también prefirió el anonimato.
Se intentó obtener la versión de Funes Serrano yendo a buscarlo a la subdelegación referida y luego llamando por teléfono. En ambos casos, dijeron que el subinspector no estaba.
El pasado 26 de octubre fue asesinado Héctor Samuel Ramos Argueta, cabo de la PNC, quien se desempeñaba como subjefe del puesto policial de El Zamorano, Jiquilisco, lugar donde también residía la víctima.
Ramos Argueta, según amigos y parientes, tenía cierto grado de discapacidad para movilizarse, luego de haber sufrido una enfermedad.
Posteriormente, el 16 de noviembre, Alexander Lazo Rivera, policía destacado en Puerto Barillas, en el municipio de Jiquilisco, fue asesinado en un cantón del municipio de Usulután, donde vivía.
Puestos cerrados o diezmados
En Jiquilisco, con altos índices de homicidios, de acuerdo con lugareños, hace aproximadamente cuatro meses fue cerrado el puesto policial que había en Puerto Ávalos.
Los lugareños no saben por qué, y los policías locales no hablan de eso, porque tienen órdenes de no dar detalles a los periodistas.
En otros, como Puerto El Triunfo, siempre en el sector sur del departamento de Usulután, solo este año se han ido tres policías, dos hombres y una mujer, quienes prefirieron buscar otras opciones de trabajo, que no los vuelvan objetivos de las pandillas.
En el caso de San Nicolás Lempa, en el municipio de Tecoluca, se ha ido un elemento, y en Santa Cruz Porrillo se han ido tres policías.
Una fuente policial aseguró que la corporación está considerando cerrar ese puesto.
Las razones podrían ser que de por sí, un puesto policial solo tiene asignados seis o siete elementos, incluyendo al jefe, que suele ser un sargento o un cabo.
Lo grave es que a los policías no les gusta ir a llenar vacantes en esos puestos, porque saben el peligro al que se exponen.
“Aquí, los que vienen, vienen obligados, porque saben que aquí los mareros lo tienen bien controlado a uno, hasta la hora que sale con licencia o regresa. Lo conocen bien”, afirmó una fuente.
En la mayoría de puestos del sector del Bajo Lempa, los policías tratan de conjurar el peligro escoltando hasta determinados lugares a sus compañeros que salen con licencia.
“Aquí casi todos salimos con licencia en nuestras propias motocicletas y el que no tiene, le toca en bus. Ellos (los pandilleros) bien lo controlan a uno, por eso a veces se va el patrulla (auto policial) detrás del bus o de la moto escoltándolo”, indicaron algunos policías.
Personal básico, el más desprotegido ante las amenazas
Excepto policías del puesto de El Zamorano, en Jiquilisco, la queja común de los demás es que a muchos no se les permiten llevarse el arma de equipo mientras andan con licencia.
Un agente policial de El Zamorano aseguró que él y sus compañeros no tenían problemas en ese sentido, pues todos tienen armas propias.
Sin embargo, en el resto de puestos del sector de Tecoluca y Jiquilisco, los policías lamentan que la autorización de llevarse sus pistolas de equipo está regida por la voluntad de cada jefe de delegación.
Esto último, a pesar de que hace varias semanas el director general de la corporación dijo que todos los policías podrían llevarse su arma asignada al salir con licencia, con el afán de contrarrestar cualquier ataque de pandilleros en su contra.
Cuando se anunció la nueva disposición, se dijo: “De manera temporal y hasta nuevo aviso, se da orden para portar el arma de fuego de equipo en días de licencia, permiso o descanso semanal a los agentes, sin necesariamente exigir todas los requisitos establecidos en el instructivo, para la autorización de portación de armas de fuego en horas no laborales”.
Sin embargo, elementos policiales del nivel básico (agente, cabo y sargento) creen injusto que algunos jefes no cumplan con esa disposición.
“Es injusto porque ellos mismos nos dicen que somos policías las 24 horas pero no nos dejan llevarnos la pistola, en cambio, en el nivel ejecutivo (de subinspector hasta comisionado) todos se la llevan sin necesidad de permiso”, argumento un policía.
Otro argumento de los quejosos es que es el personal básico es el que anda en la calle y, por tanto, al que los pandilleros perfilan como blancos de sus ataques, pues los oficiales no salen a patrullar a pie, solo se les ve en las escenas de delitos.
“Eso, porque es obligación, no porque, algunos, ni a eso quisieran ir”, aseveró un cabo, quien dijo estar considerando buscar otro trabajo.