Los ataques armados que han dejado más de una persona muerta se incrementaron en el orden del 112 por ciento entre enero y septiembre de este año con relación al año pasado, según un informe de la Fiscalía General.
El informe que fue presentado al Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana detalla que en ese período se registraron 162 masacres en las que han muerto 435 personas en todo el país.
En nueve meses del año pasado se habían cometido 91 ataques armados con saldo de 204 personas muertas.
Al detallar los casos de homicidios colectivos se tienen 162 casos de dobles asesinatos, 21 hechos de triples homicidios, cinco cuádruples, dos quíntuples, y tres ataques armados que dejaron seis personas muertas en cada uno de los mismos.
La mayoría de las masacres se han registrado en municipios de los departamentos de San Salvador, Cuscatlán, Usulután, La Paz, Sonsonate, La Libertad y Ahuachapán.
Las tres masacres que han dejado seis víctimas en cada una de las mismas, se registraron en Ahuachapán, Usulután y La Paz.
Uno de los quíntuples corresponde a cinco pandilleros que murieron la madrugada del 30 de abril pasado, tras enfrentarse a balazos con policías en el cantón Tierra Blanca de Zacatecoluca, La Paz.
Las autoridades policiales dijeron en esa oportunidad, que el enfrentamiento se produjo en el marco de un operativo que pretendía arrestar a varios pandilleros con órdenes de captura.
Los agentes tocaron a la puerta de la casa donde estaban los pandilleros y estos abrieron fuego contra los policías, quienes respondieron al ataque con el saldo mencionado.
La Policía informó que los muertos eran integrantes de la pandilla 18, a quienes se les encontraron una escopeta y dos revólveres.
Aparentemente, los pandilleros se emborrachaban en la casa, luego de asistir a la vela de un compañero. Estos fueron identificados como César Javier Valladares, de 19 años; Óscar Antonio J., de 17; Juan Alexander S., de 17; y Marco Luis V., de 17.
Los agentes que participaron en el enfrentamiento fueron exonerados de cargos por considerar las autoridades judiciales que actuaron en defensa propia y en el cumplimiento de su deber.
Otro de los hechos violentos en los que murieron seis personas que salían de un culto evangélico en Tacuba, Ahuachapán, se registró la noche del 11 de enero pasado.
Las autoridades policiales dijeron en esa ocasión, que los pandilleros atacantes confundieron a las víctimas como integrantes de la pandilla rival.
Asimismo, el 24 de mayo pasado, los cadáveres de seis trabajadores de una empresa pesquera fueron encontrados en las afueras de Usulután.
Las víctimas tenían tres días de haber desaparecido por razones ignoradas.
Un día antes, 23 de mayo, se produjo la matanza de seis personas que viajaban en un autobús de la Ruta 302 en la autopista hacia el aeropuerto en Comalapa.
Dos custodios penitenciarios, un policía, dos pasajeros y una vendedora, murieron en esa oportunidad. Se cree que el ataque cometido por pandilleros vestidos de Fovial iba dirigido a los vigilantes penales.
El director de la Policía Mauricio Ramírez Landaverde dijo ayer en conferencia de prensa que la mayoría de las masacres de este año han sido resueltas porque son “casos que generan alarma, preocupación, un sentimiento de inseguridad, producto del tipo de hechos, por la forma en la que se cometen y el nivel de violencia empleado. Todo eso debe de ser considerado y la institución les está dando toda la atención”, dijo.