Recientes hechos delictuales descritos por los medios de comunicación, han ido progresivamente ilustrando la verdadera dimensión del monstruo cultivado durante la negociación con las pandillas, propiciada durante la administración de Mauricio Funes. El escenario que plantean los casos ventilados en los espacios periodísticos es grave. El futuro que depara al país no pinta nada alentador. Existe la posibilidad que intereses políticos y particulares obstaculicen los pocos esfuerzos operativos orientados a detener el acelerado ritmo que caracteriza el proceso evolutivo de las estructuras criminales pandilleras, posibilitado por la interacción extorsiva que dichas agrupaciones lograron establecer con agentes políticos y funcionarios públicos.
Los frecuentes decomisos de armamento sofisticado y nutridos paquetes de droga en manos de pandilleros, indican el salto de calidad que han experimentado las organizaciones delictuales, accediendo y, en algunos casos, incursionando en la compleja dinámica que rodea a ilícitos más lucrativos como el contrabando y la venta de armas y narcóticos. Si las pandillas fueran una compañía que tranza sus acciones en el mercado bursátil, invertir en ellas hace dos o tres años hubiera sido un negocio próspero, ya que ahora son más robustas, poderosas e influyentes. Indudablemente ha de haber quienes hicieron esta apuesta y ganaron, por supuesto no en el marco de los beneficios y procedimientos que ofrece el normado mundo lícito de una bolsa de valores.
La semana pasada, las redes sociales se inundaron de las escabrosas imágenes de un preocupante incidente, reenviadas una y otra vez por usuarios que no salían de su asombro. El hecho involucraba un tiroteo entre pandilleros y agentes policiales en el municipio de Apopa. Aunque los intercambios de disparos entre estructuras delictuales y las autoridades se han vuelto cada vez más frecuentes, ciertas particularidades de este caso hicieron que trascendiera a la abrumante indiferencia de la que padecemos los salvadoreños, gracias a la agobiante y prolongada crisis de inseguridad a la que hemos estado expuestos.
Los pandilleros se transportaban en una camioneta de lujo, vestían uniformes, pasamontañas y chalecos antibala de la Policía, portaban fusiles de asalto, una subametralladora y una pistola, y, además, al momento de ser interceptados, venían de asesinar a dos personas dentro de una iglesia. El enfrentamiento con policías resultó en tres pandilleros muertos y una agente gravemente lesionada. Las impactantes fotografías del exterior de la camioneta con impactos de bala y los cuerpos sin vida de pandilleros uniformados, con fusiles terciados y armas aún empuñadas, fueron compartidas en las redes sociales por muchos usuarios, junto con reclamos al Gobierno.
El nivel de sofisticación criminal evidenciado en este incidente, dista mucho de las riñas callejeras que muchos utilizan para tratar de enmarcar la grave situación de inseguridad que vive el país, con el mezquino interés de esconder la verdadera complejidad de la dinámica delictual salvadoreña y el avanzado nivel de evolución que han alcanzado las pandillas.
Recientemente, ha cambiado el enfoque semántico de las notas periodísticas que hablan sobre la investigación de la negociación con las pandillas, poco a poco insinuando que las indagaciones no lograron recopilar evidencia para sustentar acusaciones penales en contra de los arquitectos y operadores del pacto pandillero. En círculos de inteligencia y seguridad, muchos interpretan esto como un síntoma precoz del triunfo de los intereses políticos sobre la seguridad pública. Mi lectura difiere de esta apreciación, ya que interpreto que el cambio semántico en el abordaje periodístico es un esfuerzo orquestado por las partes afectadas, orientado a crear un ambiente desfavorable para la inminente judicialización del caso. La presión ciudadana es vital para que la política no se anteponga sobre el interés colectivo y, de esa forma, se detenga la evolución de las pandillas. Dejar pasar esta ventana de oportunidad condenaría al país a muchos años de una crisis en seguridad más profunda e indomable.
*Criminólogo.
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