El objetivo de la política social es asegurar la provisión y el acceso a buenos servicios de educación, salud y vivienda, entre otras necesidades básicas. La capacidad de las políticas sociales para elevar el nivel de bienestar depende de su diseño, la efectividad de su implementación y su sostenibilidad financiera.
Algunos pensadores, como Richard Titmuss, han advertido que añadir el calificativo social a una política pública no necesariamente significa que esta conduzca a que la población goce de mayor prosperidad, especialmente aquella que vive en pobreza. Más allá de propugnar cambios positivos, se necesita una administración pública efectiva y políticas capaces de resolver los problemas que les afectan a las personas diariamente, desde contar con acceso a atención médica de calidad, agua potable y educación, hasta conseguir un empleo con un salario razonable.
¿Cómo saber si las políticas sociales están resolviendo los problemas que afectan diariamente a los salvadoreños y reduciendo la pobreza? Un insumo que busca responder a esta pregunta y orientar sobre cuánto se ha avanzado en mejorar la calidad de vida de la población, es el Informe de Coyuntura Social publicado por FUSADES. Este informe semestral proporciona elementos de juicio para aumentar la comprensión sobre los problemas que más afectan a las familias, en lo que respecta a las dificultades para vivir dignamente, los desafíos de la educación, los requerimientos en el área de salud y la situación ambiental. Los análisis presentados en este informe parten de la revisión de estudios disponibles, así como de la interpretación de los datos e indicadores provenientes de fuentes gubernamentales, tales como la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras instituciones públicas.
El informe del primer semestre de 2014 señala que, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) de 2013, pese a que la pobreza medida por el ingreso de los hogares ha disminuido en los últimos veinticuatro años, uno de cada tres salvadoreños sigue siendo pobre. Además, prevalecen brechas en el acceso de algunos grupos de población a los servicios de educación, salud e infraestructura básica. Por ejemplo, según los resultados de la misma encuesta, en El Salvador la escolaridad promedio es de 6.6 años de estudio siendo apenas de 4.7 años en el área rural.
Desde la perspectiva del informe de FUSADES, un avance importante en materia de políticas públicas, ha sido el reconocimiento de que la pobreza abarca múltiples dimensiones como: ingresos insuficientes, vivienda precaria, baja escolaridad y falta de acceso a servicios de salud, entre otras. Esta nueva concepción de la pobreza ha transformado la política social enfocada en superar esta condición, al punto que en abril de este año, la aprobación de la Ley de Desarrollo y Protección Social representa una señal positiva sobre la voluntad de apoyar a los más vulnerables; sin embargo, para que la Ley cumpla su propósito es imperativo lograr que las instituciones públicas que velan por lo social, actúen coordinadamente y cuenten con el financiamiento adecuado.
Otro aspecto clave es comprender que para combatir la pobreza no basta contar con programas de asistencia basados en subsidios en dinero o especie, como por ejemplo, Comunidades Solidarias y el Paquete Escolar, entre otros; el gran reto es lograr una política social con metas claras de mediano y largo plazo, y un componente fuerte de desarrollo de capacidades humanas (mejor educación y salud), articulado con una política económica que promueva la generación de empleos y el crecimiento.
*Colaboradora de El Diario de Hoy.
@hmarchelli