A una semana de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema invalidara al grupo de diputados tránsfugas “Unidos por El Salvador” por “fraude al electorado”, estos últimos dijeron que continuarán con los beneficios que tienen los partidos representados en la Asamblea.
El Tribunal Constitucional sentenció que el grupo no podía gozar de los privilegios como las demás fracciones parlamentarias.
Sin embargo, ellos alegan que esos beneficios nadie se los puede arrebatar.
En todo caso, la Junta Directiva de la Asamblea ha programado definir hoy en qué condiciones quedarán los tránsfugas. Desde que la Junta Directiva aprobó que funcionaran como grupo parlamentario, los cinco diputados han gozado de un local para funcionar juntos en el recinto legislativo cerca de la clínica, el cual fue readecuado.
Los legisladores siguen en el mismo recinto, como se pudo constatar ayer por este periódico. Consultados algunos de ellos sobre la cantidad de personal asignado y de fondos cuando se formó el grupo, comentaron que lo que tienen es lo que les corresponde a un diputado de la llanura, es decir, que gozan del mismo personal que tienen diputados de otros partidos con representación legislativa.
En días anteriores, el diputado Sigifredo Ochoa Pérez informó que tienen cuatro asesores que atienden a los cinco titulares, así como ordenanzas y secretarias. El personal anda entre 15 y 20 empleados.
Ayer Rigoberto Soto, quien fungió como jefe del grupo, explicó que cada diputado cuenta con una asistente, pero que eso no es un privilegio, sino que así ocurre con el resto de diputados.
Sobre la asignación de los fondos, Soto afirmó que no es que les den el dinero directamente, sino la Asamblea cubre el salario del personal y el de ellos como legisladores, así como las demás necesidades.
Pero ante la pregunta de que si contrataron administrativos nuevos para el grupo, dijo desconocer si había sido así.
En cuanto al dinero, Ochoa Pérez afirmó que recibe $12 mil al mes que le corresponde a cada diputado tránsfuga, en vez de los $1,500 que les daban cuando pertenecían a ARENA.
En lo que Soto, Ramírez y Santos Adelmo Rivas dijeron no estar dispuestos a ceder es en las representaciones que tienen en las comisiones de trabajo legislativas, pero aún así expresaron que acatarán lo que la Directiva decida hoy.
“Somos diputados, el Código de Trabajo establece que a todo trabajador se le debe de proporcionar un escritorio y una silla”, expresó Ramírez.