El diputado de ARENA Roberto d’Aubuisson comparó el caso de la represa El Chaparral con la construcción del entonces bulevar Diego de Holguín.
En este último caso, el Gobierno incumplió el contrato al cambiar el trazo de la carretera y hubo hasta un proceso judicial y exfuncionarios procesados.
Pero en el caso de El Chaparral, las obras fueron abandonadas por la constructora y, pese a esto, se le terminaron pagando $108 millones.
A juicio del tricolor, no ha existido suficiente información sobre el tema. “La gente no ha tenido acceso a la información. Solo nos han contado la versión del gobierno. Pero al final de cuentas nos encontramos con que hay decenas de millones de dólares de los contribuyentes que están inutilizados en un proyecto inconcluso, que va terminar saliendo más caro de lo que originalmente se pensó”, advirtió.
Tal como consta en varias actas de la Junta Directiva de la CEL y en informes de supervisión elaborados por las firmas europeas Euroestudios-Ingetec, sólo se ha construido un 29.29 % de la obra, pero se pagó como si hubieran concluido el 50 % de la misma. Para liquidar el contrato con Astaldi, el Gobierno pagó en 2012 un total de $108.5 millones, en un proceso confidencial.
Explicó que ambos eran contratos con la modalidad “llave en mano”, que significa que tenían que ser entregados terminados.
“Entiendo que para el caso de la Diego de Holguín había cláusulas sobre el tema del cambio del trazo, porque, si es (contrato) llave en mano, no puede haber cambio en el trazo. Y como el Gobierno cambió el trazo, entonces había un incumplimiento por parte de una de las partes, que era el Estado”, explicó.
En tanto, señaló que en el caso de El Chaparral, “el incumplimiento es de la empresa, el perjuicio termina siendo para el Estado”, agregó.
En ese sentido, sostuvo que es necesario conocer las cláusulas del contrato entre el Estado y la empresa Astaldi para la construcción de la presa, para determinar si ha habido algún procedimiento ilegal.
“Pero al final de cuentas, lo que se tiene que llevar a cabo es una rendición de cuentas, que es lo que no se ha hecho”, manifestó.
El legislador señaló que dicho contrato se realizó bajo la anterior Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), bajo la modalidad de llave en mano, y que en el caso de Astaldi hubo un incumplimiento en la realización de la obra.
También expresó que se deben conocer los términos del contrato para saber si la rescisión (anulación) del mismo es procedente o no.