Escuchar al señor diputado Sigfrido Reyes dar declaraciones ante sentencias de la Sala de lo Constitucional solamente pueda dar vergüenza. Un funcionario público despreciando el Estado de Derecho. Un funcionario público declarándose en rebeldía al cumplimiento de la ley. ¡Cómo se atreve a declarar que “ningún tipo de mandato, sea de la Sala, sea del partido, sea de alguna otra autoridad, de ningún grupo de poder, nos dirá qué es lo que hay que hacer”! Vaya prepotencia.
Pensará este diputado que puede estar por encima de la ley. No es nuestra misma Constitución la que nos dice en el artículo 3 que todas las personas son iguales ante la ley. A veces hasta pareciera que su interés es dañar a su partido FMLN y a su gobierno, que su interés es hacer quedar mal al presidente Salvador Sánchez Cerén. No es posible participar de la institucionalidad por medio de la democracia y burlarse de los poderes del Estado como lo hace este funcionario.
¿Y cómo nos extraña entonces que la ciudadanía esté perdiendo la confianza en el sistema político, en los políticos y más específicamente en los diputados? Es precisamente por esta razón que en lo personal he decidido convertirme en diputado, para demostrar que hay una forma diferente de ser político, para tratar de liderar un cambio con el apoyo de otros colegas en la forma que se administra ese órgano del Estado. Bien dijo Jorge Melguizo, especialista colombiano en municipalismo y seguridad, que debemos pasar de la política de privilegios y favores a la de responsabilidades.
El artículo 85 establece que “el gobierno es republicano, democrático y representativo”. Conviene aclarar para ilustración del distinguido diputado que república, “en sentido amplio, es un sistema político que se fundamenta en el imperio de la ley (Constitución) y la igualdad ante la ley (al igual que otros regímenes basados en el Estado de Derecho) como la forma de frenar los posibles abusos de las personas que tienen mayor poder, del gobierno y de las mayorías, con el objeto de proteger los derechos fundamentales y las libertades civiles de los ciudadanos, de los que no puede sustraerse nunca un gobierno legítimo. A su vez la república escoge a quienes han de gobernar mediante la representación de toda su estructura con el derecho a voto (wikipedia.org).”
Imperio de la ley. Igualdad ante la ley. Frenar abusos de quienes detentan mayor poder, del gobierno. Proteger derechos fundamentales y libertades civiles. Gobernar mediante la representación. Tan fácil debería ser convertirse en funcionario público y, sin embargo, nunca lo es. Tan fácil debería ser seguir principios básicos para gobernar con sabiduría y, sin embargo, nunca lo es. Principios como los que usaron en Medellín Melguizo y el equipo de trabajo municipal, de los que vamos a destacar dos: “el interés público prevalece sobre los intereses particulares” y “no aceptamos transacciones de poder político por intereses burocráticos o económicos”.
La Sala de lo Constitucional no le quitó con su sentencia su categoría de diputado a ninguno, ni le dictó cómo debe ejercer su cargo. Simplemente dictaminó que no puede existir el grupo “Unidos por El Salvador” por inconstitucional, ni puede recibir de parte de la Asamblea beneficios especiales como grupo parlamentario. Se terminó la política de privilegios y favores. Al llegar a ser funcionario uno adquiere responsabilidades, no privilegios. Un diputado puede disentir del voto de su partido, razonarlo, pero no puede traicionar el voto ciudadano. “El interés público prevalece sobre los intereses privados”.
Tampoco son válidas transacciones de poder político por intereses burocráticos (puestos) o económicos (dinero). No pueden estos diputados convertirse en grupo parlamentario y recibir beneficios de la institucionalidad, pues la han violado. Son diputados que han violado la Constitución al irrespetar la voluntad depositada en ellos por los ciudadanos. Los diputados sirven a los ciudadanos. ¡Qué bello cómo en pocas palabras la Sala motiva una nueva política de servicio!.
*Colaborador de El Diario de Hoy.