Impuestos encarecerán la compra de vivienda

Según Casalco, impuestos a operaciones financieras harán más caros insumos de construcción e incidirán en el costo final que dificultará el acceso al crédito

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Los nuevos impuestos encarecerán el precio de la vivienda, por lo que será más difícil que un salvadoreño pueda obtener una casa propia. Foto EDH / archivo

Por Karen Molina negocios@eldiariodehoy.com

2014-09-17 9:00:00

Si ya es difícil comprar o construir una casa propia en El Salvador, los impuestos a las operaciones bancarias empeorarán la situación.

Según el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (Casalco), Carlos Guerrero, los tributos a las operaciones bancarias encarecerán los insumos para la construcción de viviendas, por lo que sus precios podrían trasladarse posteriormente a los usuarios y estos, a su vez, tendrán mayor dificultad para acceder a un crédito que pueda cubrir ese costo.

“El impacto más importante es el de las transacciones financieras porque va a encarecer los insumos que son un componente importantísimo en nuestros costos”, dijo el representante de este sector.

Materiales tan básicos como el hierro, el cemento y otros insumos para los acabados se encarecerán a medida que tengan un mayor encadenamiento.

“En la medida que un producto pase por más manos, esté encadenado, el impuesto de 0.25 % se va ir trasladando”, añadió el directivo.

Según la nueva ley de operaciones financieras, todas las transacciones bancarias que superen los $1,000 en transferencias de cheques, vía electrónica y otros serán gravados con 0.25 %.

Además, según la ley, el impuesto grava a los productos nacionales y no a los importados, por lo que se castiga a la producción nacional, que tanta competencia tiene de países extranjeros como China.

Y esto repercutirá posteriormente en su precio final de una vivienda nueva ya construida.

“Obviamente en el tiempo esto va a tener una incidencia directa en el costo (de las viviendas) porque si los costos de los productos básicos suben, yo tengo que trasladarlo y en ese sentido le puedo asegurar que no viene a mejorar la competitividad de las empresas”, indicó Guerrero.

El representante de este sector explicó además que en los contratos de obras públicas los contratistas también tendrán serias dificultades, pues cuando el Gobierno hace convenios utiliza precios ya establecidos, que tras la vigencia de la ley no son los mismos.

También les afectará el impuesto al 1 % de los activos netos, que fue parte del paquete de reformas tributarias que aprobó la Asamblea Legislativa el 31 de julio en un madrugón.

Milton Avilés, socio de la firma de contadores públicos y consultores “Tóchez Fernández Ltda.”, explicó ayer, en una ponencia relacionada con el tema, que este tributo y el de las transacciones bancarias afectarán el flujo de efectivo de las empresas, sobre todo las constructoras pues estas manejan grandes cantidades.

“Esta es una industria que demanda altos niveles de efectivo y también incrementa sus activos”, explicó.

En los créditos, la ley dice que se aplicará el tributo cuando el banco desembolse un préstamo personal o para la adquisición de vivienda si el préstamo supera los $50 mil.

Llueve sobre mojado

Al sector construcción le llueve sobre mojado. Durante los últimos dos años no ha logrado salir del estancamiento económico.

De hecho, las últimas cifras del Banco Central de Reserva afirman que a junio de este año la productividad de este sector cayó 8.1 %.

Entre todos los sectores productivos del país el de la construcción es el que más ha caído.

Y la ley de agilización de trámites que la Asamblea Legislativa aprobó en marzo pasado es para Guerrero “letra muerta”, pues no ha logrado movilizar millones de dólares en inversión que ya podrían estar contribuyendo a la actividad económica del país y creando empleos. (Ver nota aparte)

A pesar de eso, el sector ha seguido adelante. Hasta marzo de este año el crédito para vivienda seguía subiendo, a pesar de que el consumo de cemento, que suele ser un indicador de la actividad comercial, ha estado cayendo.

La banca, por su parte, ha sido cautelosa al hablar de aumento en las tasas de interés.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Bancaria Salvadoreña, Armando Arias, subir tasas de interés o elevar comisiones será decisión de cada banco.

Sin embargo, reconoció días atrás que los impuestos a las operaciones bancarias serán un costo para la banca, por lo que no descarta que algunas entidades financieras puedan decidir trasladarlo a sus clientes.

Las últimas cifras del Banco Central de Reserva reflejan que la tasa de interés para adquisición de vivienda era de 7.49 % (promedio) a julio de este año. Esa cifra es anterior a la entrada en vigencia de este paquete tributario.

El sector construcción aporta entre el 40 % y el 43 % de la inversión nacional y es uno de los que más genera empleos.

Más costos en camino

Los costos por la aplicación de la reforma tributaria se sumarán a la ley de retiro voluntario que entrará en vigencia en 2015. Con esta legislación los empleados públicos y privados podrán solicitar a sus patronos una indemnización si deciden retirarse de la empresa o institución.

El consultor Milton Avilés dijo que esta medida podría llevar a muchas empresas a la quiebra porque posiblemente no tengan la solvencia económica para pagar salarios de indemnización si ya están ahogadas con los impuestos si los empleados tienen más de 10 años en la compañía.

Avilés advirtió que muchas empresas aún no se han percatado de las consecuencias de esta ley y que, muchas podrían verse en peligro de cerrar si no tratan de aplazar esta medida.

Sobre los impuestos, Avilés coincidió con Abansa y fuentes financieras en que la aplicación de la ley de impuestos a las operaciones bancarias se hace difícil debido al gran número de exenciones, que requerirán de mucho más tiempo y cuidado para hacer las retenciones pertinentes.

Haber aprobado la ley en un madrugón, un día antes de que iniciaran las vacaciones agostinas y que no se le diera a la banca el tiempo necesario para prepararse tecnológicamente son, a juicio de Avilés, razones de peso que han dificultado la vigencia de estos tributos.

Las proyecciones del Ministerio de Hacienda son recaudar $10 millones este año, $50 millones menos de lo que inicialmente proyectó.