La suerte del exministro de Salud Pública, Guillermo Maza Brizuela, se decidirá el próximo martes, cuando se conozca el fallo del Tribunal Tercero de Sentencia que ventiló el juicio en contra del exfuncionario, quien es acusado de haber permitido que una empresa constructora se beneficiara de fondos públicos.
Durante la exposición de los argumentos de cargo y descargo, los fiscales acusaron al exministro Maza Brizuela de haber actuado de forma arbitraria para favorecer con 1.7 millones de dólares a la empresa CPK, que era la encargada de la reconstrucción del hospital Santa Teresa de Zacatecoluca, La Paz, el cual resultó dañado por los terremotos del 2001.
La referida empresa era representada por Gerardo Enrique Osegueda Giné, quien recién ha sido capturado en España, por estar reclamado por la justicia salvadoreña, esto, a raíz de una acusación en su contra por estafa de 3 millones de dólares en irregularidades detectadas en la reconstrucción de varios hospitales.
Este pago, 1.7 millones, habría sido por reajustes en los precios de los materiales de construcción y equipos hospitalarios que presuntamente nunca fueron entregados al referido nosocomio. Los fiscales argumentaron que existe documentación prueba que Maza Brizuela habría autorizado el pago de los sobreprecios, pese a que no estaban contemplados en el contrato original de la obra, la cual, según los fiscales, estaba retrasada.
Por su parte, los abogados defensores aseguraron que no existió negligencia de parte del exministro, porque él no era el encargado de verificar los avances de la reconstrucción, sino que era la gerente de Obra.
Además, explicaron que el pago del sobreprecio de los materiales y de los equipos fue un acuerdo al que se llegó en un proceso de conciliación entre el Ministerio de Salud y la empresa CPK, en el que el exministro nunca participó, ni mucho menos cuando se acordaron los pagos.
Argumentaron que Maza, en ningún momento, fue el encargado de contratar a la referida empresa y además no existen cheques firmados por el exministro de Salud.
La Fiscalía pidió al tribunal que le imponga 5 años de prisión por el delito de peculado por culpa y, además, la cantidad de 2 millones 934 mil dólares para resarcir los daños al Ministerio de Salud.