Pareciera que es un juego de palabras, pero no lo es porque coartar y aplastar, si bien es cierto que ambas pueden formar parte de un estímulo que induce a obrar mal, la tentación de evitar que las ideas o el pensamiento crítico prospere, se detenga o decaiga ante el poder está presente en el oficialismo.
El término coartar puede tener una connotación más que la de poner límites, restringir, no conceder una cosa completamente, sobre todo un derecho o una voluntad, como lo dice el diccionario, mientras que aplastar, aunque también pone límites, más bien trata de deformar una cosa por presión o golpes, aplanándola o disminuyéndola, como también lo explica el “amansaburros”.
Un par de ejemplos: según la agencia británica de información, Reuters, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado iniciar acciones legales contra Ricardo Hausmann, exministro de Planificación Económica durante la década de 1990, y actualmente profesor de Harvard, por escribir un artículo crítico sobre la política económica del gobierno. Se pregunta el académico si acaso Venezuela entrará en “default”, luego de que el país incurra en atrasos en los pagos con diversos sectores económicos.
Las autoridades venezolanas sostienen que este artículo hizo caer el precio de los bonos soberanos y, por supuesto, la respuesta del régimen de Maduro fue ordenar a la Procuraduría General, “iniciar acciones (legales) contra Hausmann, acusándolo de formar parte de la guerra económica lanzada por la derecha nacional y extranjera para derrocar a su gobierno”.
Dos reflexiones en torno a este intento de coartar la libre expresión y el desarrollo del pensamiento crítico: una, el Poder Judicial en general y en particular la Procuraduría General, han dejado de tener la independencia propia que requiere este tipo de instituciones republicanas y reciben órdenes del Ejecutivo; y dos, la lógica superficial de concebir el papel de la prensa y la labor de los periodistas vinculándolos, en este caso, “a la derecha nacional y extranjera para derrocar al gobierno”.
No pueden o no quieren entender que la dinámica del pensamiento y la labor de la prensa va mucho más allá de la lucha política partidaria o ideológica. Les cuesta comprender a estos funcionarios izquierdosos, que cuando estaban en la oposición abogaban por la prensa crítica y libre, pero ahora en el poder, quieren servirse de ella y silenciarla. Se les olvida que la misión de la prensa es informar, recogiendo las diversas voces de la sociedad, olvidan asimismo, que la labor fiscalizadora es esencial y que esculcar el poder es un ineludible ejercicio democrático.
En El Salvador funcionarios de medio pelo, algunos de ellos inspirados en las ideas chavistas, quisieran terminar con la vida republicana, con las instituciones y evitar la independencia de poderes. En el caso de la comunicación, se quejan amargamente de que la prensa y los periodistas están “boicoteando” las grandes obras del gobierno actual, incluso algunos hablan de intentos de desestabilización. “¡Qué bárbaros!” Como también es barbaridad que pretendan ubicar la labor de la prensa independiente y crítica a la “derecha, en el monopolio mediático de la oligarquía nacional e internacional”. Hasta ahora, lo que hemos tenido en El Salvador son intentos de coartar el trabajo periodístico, incluso ha habido algunas amenazas veladas y abiertas, de llevar a los tribunales a los críticos, pero no han dado el paso, y esperemos que no lo den aunque siempre es una tentación para el oficialismo.
En México, por ejemplo, se ha pasado de la coacción al aplastamiento, convirtiendo a este país en uno de los más peligrosos del mundo para los periodistas. “Las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado –-incluso de las autoridades corruptas—, son cosa de todos los días”, según informes que registran, al menos, el asesinato de 80 periodistas, además de la desaparición de 17 comunicadores, en la última década.
Los carteles de la droga son los principales intolerantes que utilizan la fuerza para acallar las voces de la prensa. Pero no solo ellos sino también autoridades federales y estatales, impulsan “campañas de odio” contra los comunicadores, incluso algunos de estos han sido víctimas directas de agresiones, como ha sucedido esta semana cuando un alcalde envió a un chaneque a un periódico y agarró a golpes a una periodista. ¡Qué brutalidad!
Es preciso admitir que desde el conflicto pasado, que culmina en unos acuerdos negociados, la prensa y los periodistas no han sufrido el acoso de la fuerza bruta, pero sí han sido objeto de amenazas y coacciones. Esperamos que haya más tolerancia y los exabruptos de algunos trasnochados que quisieran que la prensa únicamente dijera cosas buenas del actual gobierno y de sus funcionarios comprendieran que la crítica es esencial, fundamental para el libre juego de las ideas y la democracia.
*Editor Jefe de El Diario de Hoy.
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