“La seguridad es el desafío más grande que tiene este Gobierno”, así inició su discurso el ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara.
El funcionario aseveró que la primera medida adoptada fue definir el rumbo en materia de seguridad pública: la política de justicia, seguridad y convivencia.
Explicó que bajo esta premisa empezaron a revelar algunas estrategias, como por ejemplo, en materia preventiva están trabajando con 116 comités municipales y han realizado capacitaciones sobre convivencia.
En el tema de represión del delito, destacó el desarrollo de la policía comunitaria con un enfoque completo, el cual será trasladado a todas las estructuras de la policía.
Afirmó que en San Salvador, dicho programa ha sido desplegado en más de 25 zonas, de 43 previstas.
Asimismo, explicó la creación de un “verdadero” sistema de inteligencia policial así como el fortalecimiento de las distintas unidades especializadas y el mejoramiento de las condiciones de los agentes. Aceptó que tienen una gran deuda en lo que respecta a los ascensos, por lo que señala que ya están coordinando los cursos respectivos con la ANSP.
En el tema de centros penales, asegura que se están proponiendo tres objetivos: al tener más del 325 % de hacinamiento y con esas condiciones dice que tendrán más control, orden en los penales y combate al ocio carcelario.
Asimismo, asegura que tiene el 90 % de los penales con inhibidores de llamadas y que tienen un convenio con compañías telefónicas para que sea más efectivo el uso de esta tecnología y así evitar el cometimiento del delito como las extorsiones.
Destacó además la creación de Consejo del Sistema nacional de Seguridad Ciudadana que estará integrada por representantes de la Iglesia Católica y Evangélica y sectores de la sociedad además del PNUD, la OEA y la UE. El Consejo será el encargado de llevar el registro y control de la Política de Justicia, Seguridad y Convivencia.