CARACAS. Todavía el régimen de Venezuela no ha empezado a instalar el sistema de registro de huellas de compradores de productos de consumo básico en los comercios, cuando el asunto ya reactivódo las protestas callejeras en la ciudad de San Cristóbal, cuna de las protestas antigubernamentales que estallaron en febrero pasado, informó el diario El Universal.
“Desde esta madrugada, en el sector Las Pilas de Pueblo Nuevo (San Cristóbal) hubo enfrentamientos entre un grupo de personas que formaban barricadas y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana”, detalló el periódico.
Una tanqueta de la Guardia Nacional derribó el portón de un conjunto residencial y los habitantes de la zona reportaron que los efectivos militares lanzaron gases lacrimógenos, mientras que manifestantes secuestraron un vehículo de transporte público que posteriormente liberaron.
En otros medios y en redes sociales como Twitter se informó que en el este de Caracas también hubo bloqueos de vías pública. En Santa Fe, un barrio de clase media al sureste de la capital, las autoridades detuvieron a tres jóvenes manifestantes. Al norte de la ciudad de Valencia, capital del estado de Carabobo, decenas de ciudadanos se apostaron en calles y avenidas para protestar.
Los manifestantes también rechazaron el aumento del pasaje del transporte, la inseguridad, la escasez y el cierre de la frontera con Colombia, una medida tomada unilateralmente por el régimen de Nicolás Maduro como parte de lo que ha llamado una guerra al contrabando de alimentos y combustible en la zona fronteriza.
San Cristóbal fue el epicentro de las protestas violentas que sacudieron a Venezuela y dejaron un saldo de 43 muertos, cerca de 800 heridos y unos 3,000 detenidos. Las manifestaciones se iniciaron en esa ciudad el 4 de febrero y se extendieron a varias urbes del país en reclamo a la inseguridad, la elevada inflación y la escasez de productos básicos.
Los mercados y supermercados venezolanos, así como las cadenas de farmacias y otros comercios, deben tener operativo el sistema a partir del 30 de noviembre próximo, confirmó el superintendente de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez.
Pero ayer, en un giro, Maduro dijo ayer que el sistema de “captahuellas” para el comercio de todos los productos será de uso voluntario, una semana después de que ordenara su aplicación obligatoria en los establecimientos públicos y privados.
“El ‘captahuellas’ es un sistema liberador (…) y será progresivo y digo más, es voluntario”, dijo Maduro durante un acto del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas, en un anuncio dirigido a los empresarios de mercados privados.
El nuevo anuncio de Maduro generó la reacción del líder opositor Henrique Capriles, que escribió en su cuenta de Twitter: “Me dicen que Nicolás reculó y ahora la “papahuella” y que será VOLUNTARIA, que nadie acepte esa violación a derechos constitucionales!”.
Capriles y otros dirigentes opositores han manifestado su rechazo a este sistema apenas se anunció su aplicación, al comparar este mecanismo con la tarjeta de racionamiento cubana, un sistema por el cual el régimen de la isla subsidia un consumo básico mensual a sus ciudadanos y han señalado que ese sistema no ataca las causas de la escasez como la falta de producción del país.
En esto último coincidió ayer Jorge Roig, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras): “Las causas del contrabando son los desequilibrios macroeconómicos que tenemos en el país y la causa del desabastecimiento, la falta de producción nacional. La solución de fondo es producir más”, dijo en la sección al Noticiero Televen.
Recalcó que el sector privado no puede estar de acuerdo con restringir a los usuarios el acceso a los bienes y servicios: “Ya nos limitaron las marcas, los precios y ahora la cantidad. Cómo es posible que hayamos llegado al punto de que nos digan cuánto comprar o qué comer”. —AGENCIAS.